Fuerza Popular ha sido uno de los grupos parlamentarios que ha arremetido contra el expresidente Alejandro Toledo, luego que la fiscalía lo denunciara por recibir 20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht por la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur.

Las críticas se acrecentaron tras darse a conocer la estrategia legal que la defensa de Toledo adoptará en la audiencia de la Sala Penal Nacional donde se decidirá si se aprueba el pedido de prisión preventiva por 18 meses en su contra. 

Los abogados Paolo Aldea Quincho y Heriberto Benítez sostienen que el delito de tráfico de influencias que se le imputa a Toledo ha prescrito, porque alegan que el plazo máximo que tenía el Estado para perseguir ese ilícito ha expirado, tesis que la fiscal a cargo del caso, Hamilton Castro, rechazó y desbarató en la audiencia de este jueves, al explicar que los pagos ilícitos se dieron hasta el 2010, año a partir del cual empieza a corre el plazo de prescripción, que es de ocho años.

Un ejemplo de ello es lo expresado por el parlamentario fujimorista y titular de la Comisión Lava Jato, Victor Albrecht, quien considera “muy grave” que la defensa de Toledo pretenda acogerse a la prescripción del delito de tráfico de influencias. Agregó que el ex jefe de Estado debería "dar la cara y afrontar con responsabilidad las denuncias". 

Albrecht no fue el único fujimorista en referirse a la estrategia legal de Toledo. El congresista Segundo Tapia manifestó que con todos los hallazgos del Ministerio Público no sólo deberían dictar impedimento de salida al expresidente, sino prisión efectiva.

MÉMOREX

Pero lo que los fujimoristas parecen haber olvidado, al parece selectivamente, es que su lideresa Keiko Fujimori utilizó una estrategia legal muy similar en el 2011, cuando argumentó que el delito de peculado que se le imputaba en ese entonces por el caso del financiamiento de sus estudios universitarios en EEUU con dinero público ya prescrito.

Según cuenta La República, Keiko Fujimori decidió no revelar el origen del dinero que recibió de su padre, Alberto Fujimori, hoy preso por corrupción y crímenes de lesa humanidad, para costear su carrera en la Universidad de Boston. 

En ese entonces, la bancada fujimorista blindó a su lideresa e intentaban explicar que la imputación no cumple con los requisitos de tipo penal de enriquecimiento ilícito y que era un caso que ya había sido investigado.

“La imputación no cumple los requisitos del tipo penal de enriquecimiento ilícito, en grado de complicidad. Además, los hechos que investiga la Fiscal de la Nación han sido ya investigados y archivados por dos decisiones coincidentes del Ministerio Público. Son hechos que ya han prescrito”, declaraban los fujimoristas.

Toledo propuso que  delitos por corrupción no prescriban

Una de las paradojas que deja la situación actual del ex jefe de Estado es que el mismo Toledo propuso la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en la última campaña electoral. Incluso, Proética organizó un foro sobre la lucha contra la corrupción, al que acudieron todos los candidatos.

"Este cáncer hay que cortarlo de raíz antes que haga metástasis", decía el expresidente, que ya estaba siendo investigado por el caso Ecoteva.

(Foto de cabecera: Andina)

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