"Soy una mujer de fe". Ni siquiera haciendo esta aclaración los representantes 'cristianos y evangélicos' que acudieron el último lunes hasta el Congreso para participar del foro 'Educación y Género' entendieron el esfuerzo de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, por explicar la importancia del Decreto Legislativo 1323 que incluye por fin en el artículo 323 del Código Penal -referido al delito de discriminación-, las causales de orientación sexual e identidad de género.

Pérez Tello, católica confesa y política integrante del Partido Popular Cristiano, fue clara en afirmar que la posición personal que pueda tener de acuerdo a su fe no puede interferir en la obligación que tiene el Estado en brindar protección a las personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad, como las personas LGTBI.

"Yo soy una mujer de fe desde que tengo uso de razón, no me cuesta hablar en este lenguaje. Me cuesta mucho más representar a un Estado laico, pero es lo que me toca. Eso no significa que renuncie al derecho de todos los peruanos y peruanas de tener la religión que deseen. Nosotros creemos que este tipo penal es mucho más preciso".

La titular de Justicia trató de hacer entender así a los representantes más ortodoxos de las asociaciones evangélicas -quienes además están detrás de la campaña #ConMisHijosNoTeMetas-, que la modificatoria del artículo 323 no solo hacía a este más específico respecto a la protección de las personas LGTBI sino también a lo que se determina como 'acto discriminatorio', algo totalmente distinto al derecho a la opinión.

"El juez sanciona una conducta que menoscaba un derecho y la sanciona expresamente. A partir de eso pueden haber opiniones sobre si la conducta debe ser protegida o no, yo lo dudo. Puede no gustar la conducta, pero que debe ser protegida una persona y no debe ser golpeada, maltratada, violentada por ser lesbiana, yo no creo que nadie discrepe en eso".

Por ejemplo, un pastor evangélico podría decir que según sus creencias la homosexualidad es reprobable, pero no puede promover discursos de odio o hacer llamados a que se vulneren los derechos de personas homosexuales, bisexuales o trans, o pretender que quienes no comparten sus mismas ideas religiosas repliquen sus ideas.

Sin embargo, los asistentes insistieron en que la nueva norma lejos de 'proteger' a los LGTBI, los dejaba a ellos desprotegidos. Durante la rueda de preguntas mostraron su indignación porque con esta modificatoria ya no podrían, en pocas palabras, discriminar abiertamente a las personas LGTBI. 

"No es que nos estemos imaginando que pueda haber una persecución por opiniones o por expresiones de carácter de fe. El pastor Alberto Santana simplemente ha estado en el púlpito explicando lo que la biblia dice respecto al homosexualismo", señalaron refiriéndose a la denuncia hecha contra el pastor que apoyó a Keiko Fujimori durante la campaña electoral con discursos como este:

¿Esto no es promover la discriminación?

Otro asistente llamó la modificatoria 'ley mordaza', según la cual se vulneraría el derecho a la 'libre expresión'. Es decir, una forma eufemística de señalar que no se les puede 'vulnerar' el derecho a dictar cómo deben vivir las personas LGTBI.

"A esta ley se le ha llamado ley mordaza. Esta ley proteccionista puede tener ciertos visos de discriminatoria. Más allá que nos asiste el derecho fundamental a la libre expresión, a la libertad religiosa y la defensa de la familia, nos preguntamos si se sanciona penalmente a quienes supuestamente discriminen o inciten a la discriminación de personas basados en motivos de orientación sexual o identidad de género, ¿no se está vulnerando nuestros derechos y discriminando a quienes como nosotros sea por motivos morales o principistas, o religiosos, expresiones que a nuestro entender tienen un carácter ideológico?"

Incluso se atrevieron a decir que de ser necesario no harían caso a lo que la ley establece.

"Para nosotros este decreto nos parece abusivo e inconstitucional. Nosotros de ser posible vamos a llegar a la desobediencia civil porque esto no lo podemos permitir".

Tampoco faltó quien puso a un dios por encima de las leyes de un estado laico como el nuestro.

"Nosotros vamos a seguir predicando lo que dice dios en las sagradas escrituras, porque para nosotros lo que dice dios son decretos supremos superiores y absolutos a los decretos humanos. No sé qué pasará. ¿Nos meterán a la cárcel? ¿Nos matarán? ¿Nos perseguirán? (...) Yo me debo a dios antes que a las autoridades humanas".

Ni quienes llevaron la discusión a un nivel de exageración que nos convertiría en la burla del derecho internacional. 

"Si un hombre siente que es mujer y tendrá un DNI que dice que es mujer, pero se junta con una mujer que siente que es hombre. Ellos se pueden casar y un día esta mujer le pega al hombre. ¿Cómo van a definir los jueces esto? ¿Será violencia de género?"

Pérez Tello insistió en defender la modificatoria e invocó a los presentes a volver a leer el texto y entender que no se vulneraba el derecho a opinar sino que se sancionaba aquellos actos que atentaran a otros por su orientación sexual o identidad de género.

Esta es la ronda de preguntas y la respuesta de la ministra:

Más allá de la discusión respecto a la supuesta 'ideología de género' incluida en el Currículo Nacional de Educación Básica que se encuentra actualmente sobre la mesa de la coyuntura política, el tema respecto a la modificatoria del artículo 323 del Código Penal a través del Decreto Legislativo 1323, demuestra que lo que realmente se busca desde este tipo de grupos es continuar manteniendo un discurso en los que se llame a la negación de derechos a las personas LGTBI. ¿Por qué? Porque según sus ideas religiosas es una conducta no aceptable y por tanto es algo que debería criticarse. La pregunta es: ¿solo en sus templos o púlpitos? 

Si una ministra abiertamente religiosa trata de explicarles cuál es el objetivo y no lo entienden amenazando con desobediencia civil o respeto a 'decretos supremos' basados en su religión por encima de las leyes de un estado laico... ¿qué debemos esperar?

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