A estas alturas, ya casi no hay dudas de que la compra de 980 computadoras por S/ 5 millones que hizo el Parlamento en noviembre último a una empresa casi fantasma en Trujillo tuvo serias irregularidades. Así lo confirma un documento que la Contraloría le remitió a la titular del Congreso, la fujimorista Luz Salgado.

El oficio, denominado "Orientación de Oficio", difundido por La República, da cuenta de al menos tres actos indebidos que cometieron los funcionarios del Legislativo a cargo de la compra.

Una de las irregularidades se refiere al informe sobre las especificaciones técnicas para la compra de los equipos de cómputo, que se sustentó con otro documento emitido con fecha posterior a la adquisición. 

Así, el 27 de octubre se actualizaron las características de las computadoras, pese a que el informe técnico tiene como fecha el 26 de octubre de 2016. Esto, además, sirvió para que la cantidad de equipos que se requería pase de 260 a 980, pero sin que se sustenten el cambio, como exigen las Normas de Control Interno que se aprobaron por la Resolución de Contraloría N° 320-2006.

Otro acto indebido que tuvo el proceso, refiere el órgano de control en su informe, es que el Congreso eligió como proveedor de los equipos al Grupo Coresol, que no cumplía con el requisito de tres años de experiencia en el mercado como mínimo. Además, la empresa en mención consignó una dirección falsa y no registraba en el en el sistema financiero actividad alguna.

La Contraloría sostiene que esta situación "genera el riesgo de que no cumpla con la entrega de los bienes adquiridos en la forma, características, calidad y plazos establecidos, afectando los planes de reemplazo de equipos".

La tercera irregularidad de la compra bajo sospecha es que esta no era parte del Plan Anual de Contrataciones del Congreso. ¿Qué significa esto? Según el informe de Contraloría, "podría afectar la legalidad y transparencia del método especial de contratación utilizado para la compra de computadoras".

El documento que recibió Luz Salgado revela también que el 14 de noviembre del 2016, o sea, 11 días antes de que se autorizara la compra de las computadoras, la oficina de Asesoría Jurídica del Parlamento le informó a la Dirección General de Administración del Legislativo que la adquisición debía hacerse con una licitación pública y no a dedo, como finalmente sucedió.

Ese informe además deja sin piso al oficial mayor del Congreso, José Cevasco, quien ha defendido la compra y en diciembre pasado afirmó que el Legislativo no tenía otra opción que comprar las computadoras sin licitación.

La adquisición finalmente fue dejada sin efecto por la Mesa Directiva del Congreso, tras el escándalo que se generó por la denuncia periodística que puso en evidencia esta irregularidades que la misma presidenta del Parlamento admitió al despedir al jefe de Logística del Legislativo y que puso en entredicho su continuidad en el cargo, ya que se había comprometido a renunciar si es que se comprobaban actos indebidos, lo cual hasta el momento no ha cumplido.

En tanto, el caso está siendo investigado Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima, a cargo de Norah Córdova, mientras que la Contraloría alista un informe final sobre la compra de computadoras en el que identifica a los responsables directos e indirectos de este chanchullo.

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