El contrato de concesión a la empresa Rutas de Lima del peaje en la Panamericana Norte, que esta semana volvió a provocar protestas violentas en Puente Piedra, se modificó tres veces, pese a que el alcalde de Lima, Luis Castañeda, ha insistido públicamente, al ser preguntado por una eventual solución al conflicto, que está "maniatado" porque no puede hacer nada al respecto.

Así lo reveló el regidor opositor Hernán Núñez, quien sostuvo que todo contrato es negociable cuando ambas partes quieren hacerlo, y en efecto así ocurrió en este caso con al menos dos modificaciones a la concesión que Castañeda dice que es intocable:

I) El 4% de los ingresos por concepto de peajes que antes iban para la  Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), ahora van para Rutas de Lima. "La municipalidad le ha dado a la empresa 20 millones de soles adicionales", le dijo a La República el concejal de Lima.

II) La concesión se amplió en tres años, es decir, ya no es 30 sino 33 años. "Esto está en un acuerdo preliminar realizado en noviembre", explicó Núñez, luego de subrayar que estos cambios favorecen a la empresa concesionaria, o sea, Rutas de Lima, y no a los vecinos, quienes vienen protestando desde agosto por este tema sin que nadie les haga caso.

El regidor de la comuna capitalina también reiteró que la implantación del peaje en Puente Piedra es ilegal, porque el contrato original establece que el cobro se debía iniciar luego de que se culminen las obras obligatorias en la Panamericana Norte, lo que -como se ha señalado- no ha ocurrido.

"Peaje de la vergüenza"

Pero el conflicto que ahora hay en Puente Piedra por el cobro de un nuevo peaje tiene su origen en la concesión firmado en 2013, durante la administración de la exalcaldesa Susana Villarán, apuntó el economista Juan Mendoza en su columna de Perú21:

"Todo empezó cuando Odebrecht, que lideraba Rutas de Lima, propuso una iniciativa privada al municipio para que le den en cesión los peajes por 30 años. El municipio no solo declaró de interés el proyecto sino que lo aprobó sin concurso público. Es decir, Odebrecht recibió en concesión los peajes de Panamericana Norte y Sur y Ramiro Prialé sin enfrentar competencia de empresa alguna".

Y luego explica por qué esa concesión es "en extremo lesiva" para los limeños: 

"El contrato le ha permitido al concesionario incrementar los peajes en 66% en 3 años sin mejora equivalente en el servicio. Lo peor es que Odebrecht ya vendió 57% de su participación en Rutas de Lima a Brookfield en junio pasado por 500 millones de dólares. Bajo supuestos muy conservadores, Odebrecht no habría invertido más de 250 millones en la concesión. Por lo tanto, gracias a la generosidad de Villarán y su Concejo Metropolitano, Odebrecht habría ganado cuando menos 250 millones de dólares, una tasa de rentabilidad superior al 100%. Tal rentabilidad es absolutamente inusual en los negocios privados honestos, incluso en las más ricas minas de oro o empresas petrolíferas".

Mendoza subraya en este contexto la cláusula 10.4 del contrato original, que prevé un escenario como el que se ha dado en estos días, en el que se ha suspendido el cobro de peajes por la convulsión social en Puente Piedra. En estos casos, será la Municipalidad de Lima la que deberá seguir pagando al concesionario lo que deje de ganar por ese concepto.

"¿Por qué la Municipalidad de Lima aceptó, de rodillas, términos tan favorables de una empresa de cuestionada reputación? ¿Cómo puede decir el regidor Núñez que desconocía qué era Odebrecht en el 2013? ¿Era tamaña la ignorancia compartida por la exalcaldesa y los otros regidores? ¿Por qué a nadie en el municipio se le ocurrió pedir la opinión del MEF? ¿Por qué la desidia? Felicito a Panorama por haber cuestionado la vergonzosa concesión, en solitario, hace 3 años".

El economista hizo una sugerencia antes que Odebrecht venda el 25% de acciones que conserva en Rutas de Lima: "congelar los ingresos y activos de la concesión hasta que se esclarezca si hubo corrupción". Más aún cuando el premier Zavala ha prometido que el Gobierno no permitirá que la constructora brasileña se beneficie de la venta de sus activos en el Perú.

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