El nuevo peaje en Puente Piedra, que desató una serie de protestas que derivaron en violencia y disturbios la semana pasada, se empezó a cobrar sin que se hayan terminado las obras obligatorias que establecía el contrato de concesión firmado entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la empresa Rutas de Lima.

Así lo confirma el propio documento oficial, en el inciso 10.3, subraya La República este martes:

"El concedente deberá cumplir con (...) la implementación de la Unidad de Peaje Nuevo en Chillón (...) dentro del plazo máximo de 30 días calendario desde la culminación de las obras obligatorias correspondientes al tramo de la Panamericana Norte (...)".

Incluso, en el anexo N° 1, el contrato fija como "obras obligatorias" 15 proyectos entre Los Olivos y Ancón, pero este acápite no se cumplió: el mismo sitio web de Rutas Lima señala que no todas estas iniciativas han sido terminadas. Un ejemplo de ello es el intercambio de Canta Callao.

Sobre las tarifas, el documento contempla incrementos en cuatro momentos: el 1 de julio de 2013, en la fecha de inicio de obras obligatorias (noviembre de 2014), cuando estos trabajos avancen al 50% y cuando se culmine su ejecución.

Pero, ¿cuál es el estado actual de esas 16 obras obligatorios? ¿Ya se superó el 50% de avance total que exige el contrato? Ni la administración del alcalde Castañeda ni la empresa concesionaria han querido responder estas preguntas cuando La República se las hizo llegar.  

Ya la excalcaldesa Susana Villarán, en cuya gestión de entregó la concesión, había señalado que las casetas del nuevo peaje en la zona de Chillón no debieron ser instaladas hasta que no se culminen las "obras obligatorias".

Al respecto, el regidor opositor Hernán Núñez consideró que este incumplimiento confirma que la instalación del peaje se adelantó, lo que implica una "vulneración" al contrato original.

Rutas de Lima repuso en tiempo récord las casetas que fueron quemadas durante las manifestaciones de la semana pasada en puente Piedra por el cobro del nuevo peaje. 

Pero así y todo, Rutas de Lima reanudó el cobro del peaje en la zona de conflicto el fin de semana último, mientras que el alcalde de Lima insiste en que su gestión no puede hacer nada, que está "maniatado" por el contrato, pero lo cierto es que ese mismo documento que él cita establece la posibilidad de "suspender" obligaciones ante "protestas" y "actos de violencia"; también fija mecanismos de renegociación.

El capítulo XX del contrato de concesión establece los mecanismos para modificar los términos de la concesión vial. Ahí dice, con claridad, que  toda "enmienda, adición o modificación" se realizará a solicitud de una de las partes: el concedente (Rutas de Lima) o del concesionario (Municipalidad de Lima). Cualquiera de los dos que reciba el pedido tiene un plazo de 60 días para aclarar su posición.

Incluso, el contrato también señala que las modificaciones se pueden requerir por causas no previstas en el momento de la suscripción del mismo, siempre que no se altere el equilibro económico financiero.

Entonces, ¿por qué Castañeda no quiere renegociar el contrato, pese a que el mismo presidente Kuczynski se lo ha pedido? ¿Por qué los contratos que ahora parecen sagrados, antes no lo eran tanto para el alcalde de Lima, como cuando modificó el proyecto Línea Amarilla, o cuando resolvió los contratos de concesión del Corredor Azul? 

El burgomaestre tampoco quiere suspender el cobro del peaje, como se lo solicitó el Ejecutivo, al que le respondió que, en todo caso, emita un decreto de urgencia para ello. Pero lo cierto es que eso es necesario. ¿La razón? El contrato establece en su capítulo XVIII que cualquiera de las partes de la concesión puede "solicitar la suspensión de las obligaciones por motivos de fuerza mayor". Las situaciones que se contemplan son "paros o huelgas generales", "protestas", "actos de violencia u otras "circunstancias distintas".

Defensor cuestiona convocatoria

En tanto, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, anunció que no irá a la cita que convocó para este martes la Municipalidad de Lima para abordar el caso del peaje en Puente Piedra, porque se trata de un mero acto en el que no estará Castañeda y en la que solo se trasladará información que ya es pública para todos:

"Nosotros recibimos de muy buen agrado la invitación que ha hecho el alcalde a través de sus técnicos. Lo que a nosotros nos interesa es la opinión del alcalde de manera que cuando el alcalde nos invite, nosotros estaremos en día y la hora que él nos invite", dijo en Canal N este martes. "A nosotros nos interesa la decisión política, la decisión de quien conduce la institución… Nosotros ya tenemos esa información", insistió Gutiérrez.

Sin embargo, luego la Defensoría en su cuenta de Twitter informó que la institución asistirá a la cita prevista para las 12.30 pm en el palacio edil, pero no precisó si será el mismo Gutiérrez quien acudirá a la reunión.

¿Hasta cuándo se seguirá poniendo de lado Castañeda en este caso? Por lo pronto, ya se ha convocado a una nueva manifestación para este 12 de enero en Puente Piedra. 

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