Desde que Odebrecht admitió ante la justicia de EEUU que pagó sobornos por 29 millones de dólares para ganar obras en el Perú entre el 2005 y el 2014, uno de los tres expresidentes que gobernaron en ese periodo el país, Alan García, es quien más reacciones ha tenido frente a las repercusiones en territorio nacional que ha suscitado el mayor escándalo de corrupción en la historia de América Latina, que destapó la operación Lava Jato en Brasil.

Al menos han sido cinco las veces en que se ha referido al tema en su cuenta de Twitter esta semana. La última fue este viernes, con dos tuits.


El exmandatario se refería a las últimas declaraciones de la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), Julia Príncipe, quien afirmó que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ya notificó que tiene información sobre los casos y los funcionarios vinculados a los pagos de sobornos en nuestro país, pero que por la confidencialidad a la que se comprometió el Ministerio Público con las autoridades brasileñas, no se han revelado aún esos datos. La procuradora estimó que en unos meses se sabrá toda la verdad, y adelantó que esta "va a ser bastante fuerte".

García revela al menos mucha inquietud por el tema. Quizá porque el acuerdo de lenidad entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de EEUU que habla de las coimas en el Perú revela un caso concreto de corrupción en 2008, cuando el líder aprista era el presidente. 

Según ese documento, la empresa brasileña pagó bajo la mesa US$1,4 millones para ganar una importante obra de transporte, que sería el tramo 1 del Metro de Lima, o tren eléctrico, su proyecto emblema que retomó en su segunda gestión luego de que se truncara en su primer gobierno por un escándalo de corrupción. En efecto, Odebrecht ganó la buena pro de la obra por un monto de US$410 millones, pero esta terminó costando US$519 millones.

Además, el mandamás de Odebrecht en el Perú cuando García Pérez estaba en el poder era Jorge Barata, quien lo visitó 16 veces en Palacio de Gobierno. Barata es hoy uno de los ejecutivos de la constructora brasileña acogidos a un acuerdo de delación premiada y cuyo testimonio aún está bajo secreto.

Ahora lo que está por verse es si la justicia peruana estará a la altura de las circunstancias para investigar y eventualmente sancionar como se debe a los implicados en este caso de proporciones gigantescas en la región, que incluye el pago de sobornos por al menos de US$788 millones a funcionarios de 12 países. La duda ya la instaló, con cierta razón, el defensor de Pueblo, Walter Gutiérrez. Es además una gran oportunidad para revelar qué autoridades y políticos tienen un real compromiso con la lucha anticorrupción.

Investigación fiscal

García también se refirió a la decisión del fiscal superior Marcos Villata para que se inicie una investigación preliminar en contra de él y otras 12 personas del entorno del expresidente, por el supuesto delito de lavado de activos bajo la modalidad de conversión y ocultamiento.

El líder aprista incluso compartió una declaración pública que emitió cuando la 'megacomisión' del Congreso concluyó que no había encontrado un desbalance patrimonial en su caso.

Y luego agregó en otro tuit:

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