Mientras avanzan las investigaciones en el Perú para determinar en qué obras se entregaron sobornos y qué funcionarios gubernamentales los recibieron, luego de que Odebrecht admitiera en un acuerdo de lenidad con la justicia de EEUU haber pagado coimas por US$29 millones en nuestro país entre el 2005 y el 2014, nuevas revelaciones en torno a esta empresa brasileña se van conociendo.

Ahora, Latina ha difundido en un informe especial unos cables diplomáticos de la embajada de Brasil en Lima que revelan que Odebrecht y el resto de empresas brasileñas que protagonizan el escándalo de pagos de sobornos que destapó la operación Lava Jato tenían acceso directo a las altas esferas de poder y decisión durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García.

¿Qué dicen estas comunicaciones? Que en las licitaciones de los tramos II, III y IV de la Carretera Interoceánica, adjudicadas en 2005 durante el gobierno de Toledo, las empresas brasileñas que ejecutaron las obras -Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y Quieroz Galvao- ejercieron presión política para conseguir el monto de pago que solicitaron. Los aumentos del presupuesto más contundentes fueron precisamente en los tramos a cargo de estas compañías constructoras. 

La comunicación enviada a Brasil por su embajador en Lima, que en ese entonces era André Mattoso, señalaba que el Gobierno peruano ofrecía pagar por el proyecto US$700 millones, pero las empresas brasileñas pedían US$840 millones. 

En uno de los cables, el diplomático reveló la estrategia que usaron las referidas compañías para conseguir la cifra que querían, y para ello acordaron desertar en grupo si el Gobierno no aceptada el precio estimado por ellas. Es decir, actuaron como cárteles de empresas que concertan precios, una práctica que en muchos países es ilegal.

"Estar determinadas a no aceptar propuesta alguna que diste sustancialmente del precio estimado por las empresas brasileñas, eventualidad que tornaría desierta la referida licitación, a un precio político inmenso, sobre todo para el presidente del Perú", se lee en el documento.

Al final, el gobierno de Toledo cedió, otorgándoles las obras de los tramos referidos por más de mil millones de dólares.

En el Gobierno aprista

Latina también difundió cables diplomáticos del 2007, durante el segundo gobierno de Alan García, que revelan el interés de esta administración para que sean las mismas empresas brasileñas del escándalo Lava Jato las que concluyan las tramos faltantes de la Carretera Interoceánica.

"El primer ministro Jorge del Castillo y la ministra de Transportes Verónica Zavala me buscaron para pedirme que interfiera ante las cuatro empresas brasileñas que están construyendo la Carretera Interoceánica sur y norte, para asegurar su participación en los dos trechos restantes... ", dice la comunicación del entonces embajador brasileño en Lima Luiz Augusto de Araújo Castro.

Incluso, el diplomático asegura en la comunicación que ofrecieron "conversar con sus representantes para examinar la posibilidad de introducir alteraciones que puedan viabilizar su participación en la competencia".

Al final, el empeño del gobierno aprista por lograr la participación brasileña no tuvo los resultados esperados: las constructoras brasileñas desertaron en bloque a postular. Pero estos cables nos dan una idea de cómo se manejan y dónde se decían las licitaciones.

Además, estas comunicaciones diplomáticas coinciden en varios aspectos con los documentos que están en poder de la Policía Federal de Brasil, lo cuales muestran, por ejemplo, cómo directivos de Camargo Correa "discuten el apoyo que darán y las ventajas y desventajas políticas de esos hechos" en las obras. Incluso saltan a la luz pagos vinculados a la Carretera Interoceánica, como reveló una investigación de Convoca.pe.

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