Cuando muchos asistían, entre el estupor y la indignación, a la inefable sesión de interpelación al ministro de Educación, Jaime Saavedra, el miércoles pasado en el pleno del Congreso, en donde los fujimoristas y apristas se desgañitaban entre mentiras y bravuconadas, a pocas cuadras de ahí, en el Ministerio Público, la fiscal Marcelita Gutiérrez archivaba, por enésima vez y nuevamente en vísperas de un feriado, las denuncias de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
En total, fueron archivadas 77 denuncias de mujeres víctimas de esta práctica ilegal que, según testimonios, documentos e investigaciones periodísticas, fue parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que Fujimori impulsó y aplicó entre los años 1996 y 2000.
Fue la ONG Demus, la cual defiende los derechos de la Mujer, la que alertó de este nuevo golpe a la justicia, al señalar que la fiscal Marcelita Gutiérrez "no encuentra responsabilidad en Alberto Fujimori y sus exministros de Salud -Eduardo Yong Motta, Mariano Costa Bauer y Alejandro Aguinaga- ni en el personal de salud a pesar de las evidencias presentadas".
Este caso es, claramente, un ejemplo de cómo el sistema de justicia perpetúa la impunidad en el Perú, como alertaron diversas organizaciones internacionales. Y lo hicieron en el día Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre.
Así, el Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMAMC), la Red de Migración, Género y Desarrollo (España), Raíces y Alas - Colectiva para trabajos sobre Género, Derechos Humanos, Democracia y Buen vivir y la Red Iberoamericana de Mujeres, manifestaron su solidaridad con las víctimas de las esterilizaciones forzadas en el Perú a través de un pronunciamiento público.
"Nos indigna la falta de seriedad de la magistrada, pues, según señalan las organizaciones de víctimas, usa como fundamento para archivar el caso la inexistencia de historias clínicas, el que las mujeres no señalen quiénes las operaron y que el ser quechuahablantes no es motivo de vulnerabilidad y que no se demuestra la amenaza y el maltrato que dijeron padecer".
Además, expresaron su preocupación e indignación por el fallo de la fiscal Gutiérrez, que desestimó las denuncias presentadas por la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF), integrada por organizaciones de víctimas de Cuzco, Huancabamba, Cajamarca y Lima.
"Nos extraña que la magistrada no ha tomado en cuenta los testimonios de las víctimas que narraron la forma cruenta cómo fueron esterilizadas, ni que tomara en cuenta las actuales secuelas que las esterilizaciones dejaron en su autonomía sexual y reproductiva, en su autonomía económica y en su bienestar emocional y social".
En su pronunciamiento, estas organizaciones internacionales también subrayaron que es "inconcebible" que la resolución fiscal no haya tomado en cuenta hechos claves, como la desaparición de las historias clínicas, la coacción, la inexistencia de consentimiento informado, amenazas, torturas, y analfabetismo de muchas víctimas.
Por ello, esto grupos se dirigieron al fiscal superior Luis Landa, que tendrá a su cargo la apelación, para expresarle que es imperativo que "la justicia peruana no les continúe dando la espalda y tome con seriedad la demanda de las víctimas", y alertaron que hay una fuerte presión de intereses vinculados con los acusados que desean mantenerlos en la impunidad, "tan es así que las mujeres víctimas y las defensoras han recibido amenazas contra su seguridad e integridad".
DATO
Las 77 denuncias archivadas no fueron consideradas en una primera resolución de la fiscal Gutiérrez de julio pasado, cuando archivó también de forma definitiva una denuncia anterior por esterilizaciones forzadas contra Alberto Fujimori -hoy preso por corrupción y delitos de lesa humanidad- y sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Mariano Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.
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