Durante los últimos días Jaime Saavedra ha estado en el centro del debate parlamentario, a raíz de una denuncia periodística de Panorama sobre una presunta compra irregular de computadoras portátiles en el sector que encabeza: el Ministerio de Educación (Minedu).
A partir de ello, Fuerza Popular y el Apra ha propuesto interpelar al citado ministro (iniciativa que se debatirá hoy). Ambas fuerzas políticas han expresado más de una vez, su inquina hacia Saavedra, básicamente, porque el miembro del gabinete ministerial es uno de los principales impulsores de la Ley Universitaria (Ley N° 30220), norma que busca ordenar la creación y el funcionamiento de las universidades a través de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
A propósito de ello, una investigación de La República señala que entre los años 1990 y 2016 se crearon 93 universidades. Este crecimiento de infraestructura de educación superior tuvo su pico en el segundo gobierno de Alan de García (2006-2011) al crearse 49 universidades. Durante la gestión de Alejandro Toledo (2001- 2006) fueron 15; en la de Alberto Fujimori (1990-2000), 20; en la de Ollanta Humala (2011-2016), 9.
De las 49 universidades que se fundaron durante el alanismo, según el citado diario, 33 son privadas y 16 son nacionales. El cálculo del medio de comunicación escrito es contundente: casi diez universidades nuevas por año. Precisamente, uno de los motivos para la generación de la Ley Universitaria fue establecer un mecanismo de supervisión que garantice estándares mínimos de calidad en las universidades que se quisieran establecer en el territorio nacional.
Esta función parece no gustarle a muchos legisladores, especialmente a los pertenecientes a la bancadas del Apra y Fuerza Popular. Hace poco, el portal Útero.pe publicó la lista de doce congresistas que tienen vínculos con universidades. Entre ellos resalta Lucio Ávila (presidente de la Comisión de Educación).
Otro nombre destacado es el de Javier Velásquez, autor de proyecto de Ley 469/2016 que busca modificar 9 artículos de la Ley N°30220. Uno de los cambios más polémicos es el planteamiento de que el Consejo Directivo sea conformado con seis rectores o docentes, como era cuando funcionaba la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). De esa manera, se elimina la meritocracia para escoger a estos funcionarios. Sobre el referido proyecto de ley, Ricardo Cuenca escribió:
"El proyecto propone que el licenciamiento sea solo para nuevas universidades.Este sinsentido impacta negativa y directamente al corazón de la reforma que es el aseguramiento de calidad. Con esta propuesta la mala oferta universitaria actual seguirá existiendo y el Estado no tendrá herramientas para asegurarle a los ciudadanos que aquello que existe en el mercado educativo tiene un mínimo de calidad".
Como vemos, la interpelación a Jaime Saavedra viene cargada de antecedentes políticos que se deben tener en cuenta. No hay que olvidar el viejo adagio: "No hay casualidades en política".
[Foto de portada: Flick del Ministerio de Educación]
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