Es una historia repetida cada vez que una tragedia nos golpea como sociedad. O una lección no aprendida de Mesa Redonda (2001), Utopía (2002), o el Centro de Rehabilitación Cristo es Amor (2012). Ni las autoridades de Miraflores o Lima, ni la cadena privada de cines UVK asumen algún tipo de responsabilidad por el incendio en Larcomar, en el que murieron cuatro personas la semana pasada.
Esta última tragedia, como tantas otras, se habría evitado si los protagonistas de la misma hubieran hecho su trabajo y cumplido con sus obligaciones. Pero no, por el contrario, ahora se culpan entre sí, para lavarse las manos. O como decía hace unos días Juan de la Puente, "esta feroz guerra que se libra entre la burocracia y los privados" y "las enmarañadas funciones que amarran al Estado", provocan que "todos huyan de sus responsabilidades".
El alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, reapareció para denunciar que la cadena de cines UVK, donde se inició el fuego por un cortocircuito, no cumplió los procesos de seguridad y que modificó sin permiso la infraestructura del establecimiento. "Tugurizaron la zona y la volvieron un lugar de difícil escape", anotó.
Según la autoridad edil, el 4 de agosto de este año UVK solicitó al municipio una inspección técnica para renovar su certificado de Defensa Civil, pero esta no se concretó porque la comuna encontró hasta cuatro planos diferentes del cine.
Es más, Muñoz dijo que el último certificado que obtuvo el centro comercial fue emitido por la Municipalidad de Lima. "Si estas oficinas, como he escuchado de parte de UVK, son muy antiguas, la certificación se las habría dado Defensa Civil Lima", refirió.
En respuesta al alcalde distrital, el subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, quien admitió que la autoridad metropolitana autorizó el funcionamiento de UVK en julio de 2014, aclaró que en setiembre del mismo año se aprobó un decreto supremo que trasladó la responsabilidad de supervisión a los municipios distritales.
"El alcalde (Muñoz) está un poco desinformado o la matemática no se la han sumado bien, pero por dos años ha tenido las competencias para controlar Larcomar. Me parece inaudito que quiera culpar a otra municipalidad", replicó Casaretto, consultado por La República.
Pero lo cierto es que, según la norma vigente, desde que se ingresa una solicitud de inspección, los municipios tienen un plazo de tres días hábiles para ejecutarlas. O sea, Miraflores debió revisar las instalaciones de UVK Larcomar a más tardar el 8 de agosto pasado. Pero no lo hizo.
Además, las modificaciones estructurales no autorizadas justifican que se revoque el certificado de Defensa Civil, según explicó la presidenta de la Comisión de Inspectores de Seguridad del Colegio de Ingenieros del Perú, Nancy Barrenechea.
Y por el lado de UVK, también se ponen de lado. El domingo último, la gerente general de esta empresa, Mónica Ubillús, dijo al programa Cuarto Poder que su sistema contra incendios, que no tenía aspersores, era seguro. ¿En qué se basa su afirmación? En que así lo decía el certificado de Defensa Civil.
"Yo tengo que confiar en lo que me diga Defensa Civil, (que) es la autoridad que me va a decir a mí esto es lo correcto y seguro. Y Defensa Civil me dice a mí: ‘señora, lo que usted tiene en UVK está seguro’; y yo tengo que confiar", refirió.
Así, mientras nadie asume sus responsabilidades, es probable -y lamentable- que no demore en llegar otra tragedia que provoque que más familias pierdan a sus seres queridos por la negligencia e indiferencia de autoridades y empresas.
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