El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP), pidió al ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, que se reúna con el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a fin de que coordinen acciones para investigar y sancionar a quienes han provocado los últimos derrames de petróleo en el Oleoducto Nor Peruano.
En un comunicado, los dirigentes de este sindicato, Miguel Ángel Villar y Lino Cerna Manrique, manifestaron que los fiscales "deben cumplir con sus investigaciones sin ser intimidados, y hasta las últimas consecuencias", para sancionar a quienes han cometido "estos crímenes contra el medio ambiente".
También reiteraron que estos derrames han sido provocados por terceros y no por algún mal mantenimiento, al señañar que el propio presidente de Petroperú, Augusto Baertl, ha señalado que de los diez últimos derrames "siete fueron provocados deliberadamente".
Al mismo tiempo, fuentes de este sindicato recordaron que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha refrendado esta versión en varias de sus inspecciones.
"La verdad se abrió paso en desmedro de quienes han dicho tantas mentiras en una campaña contra Petroperú (...) hay intereses políticos y económicos detrás de estas acciones, utilizando a los nativos y a las comunidades para romper el oleoducto a propósito".
De otro lado, Villar y Cerna señalaron que Petroperú "viene ejecutando sus actividades de manera eficiente", pese a la inestabilidad laboral que se ha generado "debido a las reorganizaciones impuestas por los gobiernos de turno en los últimos cinco años".
“Petroperú tiene cubierto el 51% del mercado nacional de hidrocarburos, el 68% del mercado de gasolinas, el 58% del mercado de petróleo diésel y el 27% del mercado de GLP, cuando el 2015 solo se tenía el 22%. Nuestra labor es tan eficiente que hasta abril 2016 se tienen 15,100 barriles de GLP vendidos, es decir, que se ha logrado un incremento del 51% a las ventas a esta misma fecha en el 2015, en que solo tuvimos 10,000 barriles".
Foto de cabecera: Andina.
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