En la víspera informamos que la Segunda Fiscalía Anticorrupción -a cargo de la fiscal Mónica Silva Escudero- ha tomado el encargo de Pablo Sánchez, titular del Ministerio Público, de investigar a Luis Castañeda Lossio por la presunta negociación secreta con la constructora brasileña OAS cuando todavía no había asumido su tercer mandato como alcalde de Lima, con el objetivo de 'tirarse abajo' el proyecto Río Verde. El caso fue revelado por IDL-Reporteros.
Tal parece que a Solidaridad Nacional no le ha gustado que este caso obtenga más atención de la ciudadanía y ha 'enfilado sus baterías' hacia su principal opositor, el regidor Hernán Núñez, a través de la formación de una comisión que podría sancionarlo bajo un marco legal que no le corresponde a una autoridad política.
ENEMIGO DECLARADO
Lo que empezó como un enfrentamiento a través de las redes sociales ha devenido en amenaza de procedimiento sancionador. Patricia Juárez , que no solo es la teniente alcaldesa de Lima, sino también una acérrima defensora de Castañeda, protagonizó hace algunas semanas 'encendidos' debates -vía Twitter- con Núñez. Uno de ellos fue por la denuncia de los 'trolls' contratados por la Municipalidad de Lima.
Este intercambio de mensajes no le gustó a Patricia Juárez y decidió llevar su molestia al Concejo Municipal, donde Solidaridad Nacional tiene mayoría. Así, el 29 de setiembre pasado se decidió conformar una comisión disciplinaria con el objetivo de evaluar una suspensión por un supuesto agravio contra la teniente alcaldesa.
SANCIÓN SIN BASE LEGAL
La comisión que investiga a Núñez está integrada por tres regidores: los 'solidarios' Guillermo Valdivieso Méndez y Martín D' Acevedo, así como el aprista Manuel Zapata Vásquez. Si bien es cierto que investigar a una autoridad política no es extraño, existe un problema: este grupo de trabajo busca sancionarlo dentro del marco de la Ley N°27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) que no es aplicable a cargos de elección popular.
Esta irregularidad hace sospechar que Solidaridad Nacional quiere -de todas maneras- sancionar al regidor opositor que ha hecho cuestionamientos a la Municipalidad de Lima por el uso 'poco transparente' de sus recursos como, por ejemplo, la triplicación del presupuesto para construir el Puente Bella Unión o la sesión de un terreno de Ancón a favor de una asociación vinculada al Sodalicio, una institución religiosa que en estos momentos enfrenta una serie denuncias por abuso psicológico, físico y hasta sexual. Todas estas anormalidades fueron denunciadas por el movimiento ciudadano Habla Castañeda.
RENDICIÓN DE CUENTAS
Todos los limeños saben que a Castañeda no le gusta hablar mucho, menos dar explicaciones sobre las obras que realiza, aún cuando esto es un derecho que tienen los vecinos como contribuyentes al erario municipal. El alcalde en funciones se incomoda cuando se le pregunta sobre los detalles o el financiamiento de sus planes de infraestructura. Y no solo eso: También ha endeudado a la Municipalidad de Lima por dos periodos más.
La 'mudez' del burgomaestre también ha alertado a la sociedad civil. Hace poco Proética, se pronunció sobre la investigación hecha por IDL -Reporteros y que involucra a Léo Pinheiro (expresidente de OAS), condenado a 16 años de cárcel por corrupción, lavado de dinero y crimen organizado en el marco de caso Lava Jato.
"Las implicancias son muy graves y tenemos que poner toda la atención en este asunto (...) Esto no puede quedar en la oscuridad, tiene que hacerse evidente qué ha ocurrido aquí y qué negociados podrían haberse producido cuando se decidió dejar sin efecto el Proyecto Río Verde, para implementar un proyecto que no estaba, ni anunciado, ni mucho menos planificado, por lo que no contaba con ningún sustento técnico", dijo Walter Albán director ejecutivo de la referida ONG.
[Foto de portada: Flickr Municipalidad de Lima]
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