El pasado 12 de mayo, cinco exintegrantes del Sodalicio de Vida Cristiana presentaron una nueva denuncia contra esta organización, en la que acusaron a los líderes de la misma de los cargos de secuestro, lesiones psíquicas y asociación ilícita para delinquir, añadido al de abuso sexual que ya se había hecho efectivo a fines del año pasado.
Tiempo después, la fiscal María del Pilar Peralta, quien está a cargo del caso y en su momento estuvo a punto de archivarlo, ha aceptado esta denuncia, reveló la periodista Paola Ugaz, quien colaboró con su colega Pedro Salinas (uno de los cinco denunciantes) en la investigación del libro "Mitad Monjes, Mitad Soldados", que reveló una treintena de casos de abusos contra menores en el Sodalicio.
Al incluir el secuestro en la investigación fiscal, el caso no puede prescribir, puesto que este delito tiene una pena de hasta 35 años de prisión. A esto se agrega que al haber decenas de denuncias, por lo sistemático de las ocurrencias, puede ser considerado un crimen de lesa humanidad, de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos.
La fiscal Peralta ha citado a los líderes del Sodalicio para que respondan por estas nuevas denuncias, y sean confrontados con los denunciantes, entre los que, además de Salinas, figuran José Enrique Escardó, los hermanos Martín y Vicente López de Romaña; y Óscar Osterling.
LAS IMPLICANCIAS DE INVESTIGAR LOS NUEVOS DELITOS
Aquel 12 de mayo, el abogado de los denunciantes, Héctor Gadea, explicó que el delito de secuestro fue incluido debido a que "la captación de menores de edad a través de la infiltración en colegios" se realizó para efectos "de diezmar la voluntad de adolescentes que no tienen la libertad definida".
"Eran chicos de 13 años que, cuando entraban formalmente a los 18, ya no se podía concebir el entrar como un acto libre".
Por ello, Gadea sostuvo, en aquella conferencia de prensa, que la captación de menores de edad "es lo que marca la gran diferencia y por eso tipificamos este hecho como secuestro", el cual no prescribe por ser "un delito permanente".
En cuanto al delito de asociación ilícita, Gadea explicó en su momento que el exlíder del Sodalicio, Luis Fernando Figari "no actuó solo"; y que por ello la justicia podría considerar la disolución de la organización; además de condenar a los responsables hasta por 15 años de prisión.
Sobre el de lesiones psíquicas, el abogado recordó, en mayo pasado, que las pericias psicológicas realizadas por los afectados, que dan cuenta de las consecuencias que han dejado los abusos sexuales y/o psicológicos, pueden ser recogidas por la Fiscalía. Y al haber admitido este delito, este tema ya tiene luz verde.
Aunque este delito podría prescribir, Gadea señaló que se relaciona con los otros dos cargos, y que los responsables, de ser hallados culpables, pueden ser condenados a 15 años de prisión.
Si la Fiscalía concluye que debe iniciarse un proceso judicial por estos cargos, las horas de las cabezas del Sodalicio están contadas.
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