Las desapariciones forzadas en México ya igualan a las de países que han sufrido cruentas guerras civiles y violencia política como Siria y Pakistán. 

Desde el 2008, nada menos que 136 desapariciones ocurrieron en el país azteca, un número similar que las acontecidas en Siria. Los estados más afectados son Guerrero, Veracruz y Tamulipas, lugares con altos niveles de inseguridad por la presencia del narcotráfico y la violencia que la actividad ilegal implica. 

Sin embargo, a pesar de esta situación, México no cuenta con un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas que garantice la justicia y la reparación a las víctimas, según explica un informe del Senado. 

Desde que en el Gobierno anterior, liderado por Felipe Calderón (2006-2012), se emprendieron férreas luchas contra el crimen organizado; los derechos humanos y los temas de seguridad pública y justicia han estado muy presentes en el debate ciudadano. Es de esta manera que en los últimos años las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles e inhumanos son hechos que han estado en el foco de atención tanto internamente como para los sistemas internacionales de derechos humanos. 

Entre los casos más sonados y recientes está la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el 2014 y el rapto de cinco jóvenes en Veracruz a principios del 2016. En los dos casos se estima que la policía entregó a las víctimas a los grupos de la delincuencia organizada. 

Coincidentemente, los años que registran el mayor número de desapariciones forzadas son aquellos en los que las fuerzas armadas han intervenido en las labores de seguridad y orden interno. 

Entre 1989 y el 2015 hubieron 545 casos de desapariciones forzadas o involuntarias, según el último reporte anual del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. La mayoría de ellas ocurrieron en tres momentos específicos que marcaron la historia del país latinoamericano: los setenta, que corresponden al periodo de la guerra sucia; 1994, fecha del conflicto armado liderado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas; y del 2007 al 2012, el mandato de Calderón, cuando se intensificó la lucha contra el narcotráfico. En ese sentido, el informe resalta:

“Estos tres momentos o periodos históricos tienen en común la participación (justificada o no) del Ejército en tareas de orden público y seguridad”.

Uno de los principales pedidos de los organismos de derechos humanos ha sido el retiro de las fuerzas armadas de los trabajos de seguridad interior. Es así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentó que las fuerzas armadas no tienen el entrenamiento adecuado para ejercer correctamente el control de la seguridad ciudadana, que corresponde a la fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos. 

Asimismo también indicó que para el buen funcionamiento del sistema democrático, los trabajos de investigación criminal e inteligencia deben ser ejecutados por las fuerzas policiales civiles, las mismas que tienen que estar controladas por el Parlamento y por el sistema judicial. 

Actualmente en México hay 27.659 personas desaparecidas, extraviadas o no localizadas, según el registro nacional gubernamental. El reto para el Senado es lograr emitir una Ley sobre desaparición forzada que prevenga este delito, facilite la localización de personas desaparecidas y la reparación integral a las víctimas. A pesar de ello, la aprobación de la nueva norma se ha ido postergando. Y es que el pasado 30 de abril, cuando se terminó el periodo de las sesiones, varias organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos criticaron a los legisladores por incumplir sus plazos. 

Al respecto, Alejandra Nuño Ruiz Velasco, del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, informó que unas 40 organizaciones de la sociedad civil y unos 35 colectivos de familiares de personas desaparecidas participaron en las audiencias del Senado para desarrollar una normativa eficiente, aunque los legisladores no lograron integrar sus propuestas. Es así que la activista urgió a actuar para frenar esta crisis donde los principales victimarios son las autoridades:

"En muchos de los casos se ha demostrado la corrupción, colusión y tolerancia de las autoridades municipales. Lo paradójico es que el 96,5% de los casos es investigado por tales instancias locales".

(Con información de elpais.com)

(Foto de cabecera: tribunadelabahia.com.mx)