La Cámara de Diputados de Brasil retomó este jueves el proceso de cara al eventual juicio político contra la jefa de Estado, Dilma Rousseff, en medio de la aguda crisis que vive el país por las denuncias de corrupción y el fallido nombramiento de Lula da Silva como el principal ministro del gobierno.
El futuro de Rousseff quedó en manos de 65 diputados que integrarán una comisión elegida este jueves, la cual determinará si existen méritos jurídicos para la apertura de un proceso con miras a su destitución, que el pasado domingo fue exigida en unas protestas en las que participaron 3,6 millones de personas.
La elección de los miembros de la comisión fue el primer paso de un engorroso proceso, que puede prolongarse durante meses y estirar así una crisis política con gravísimas repercusiones en la economía brasileña, que se ha sumergido en una profunda recesión.
Las acusaciones contra Rousseff, formuladas por juristas y cuatro partidos de la oposición, se fundamentan en unas irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que ocultó unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.
Millones de brasileños exigen en las calles la renuncia de rousseff. (EFE)
El proceso comenzó en diciembre pasado, pero fue interrumpido por "errores de procedimiento" detectados por la Corte Suprema, y fue retomado después de que este miércoles el tribunal esclareció el trámite.
Si bien las maniobras dirigidas a maquillar los resultados del Gobierno dieron pie a la solicitud, el proceso ha sido retomado completamente contaminado por el agravamiento que ha tenido la aguda y creciente crisis política del país, desatada por los escándalos de corrupción en la estatal Petrobras.
Aunque se basa en méritos jurídicos, el trámite será netamente político y la correlación de fuerzas en el Parlamento será decisiva, y, en ese sentido, Rousseff ha recibido en los últimos días dos mazazos que pueden influir en el proceso.
El pasado sábado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) acordó que se tomará 30 días para decidir si permanece en el Gobierno o rompe con Rousseff.
La formación está liderada por el vicepresidente del país, Michel Temer, primero en la línea sucesoria en caso de una destitución, y cuenta con la segunda minoría en la Cámara baja, con 66 de los 513 escaños, mientras que es la primera fuerza en el Senado, con 18 de los 81 asientos.
Este miércoles, un escándalo surgido en torno al nombramiento de Lula da Silva como nuevo ministro de la Presidencia de Rousseff, llevó al Partido Republicano a romper con el Gobierno y engrosar la oposición con sus 21 diputados.
Las formaciones con mayor participación en la comisión serán el Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, y precisamente el PMDB, presionado por las alas disidentes que exigen abandonar al Gobierno.
El PT y el PMDB tienen ocho miembros en la comisión, dos más que el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), mientras que otros 20 partidos contarán con hasta cuatro diputados.
La elección de los miembros de la comisión se dio en medio de un constante alboroto, con la bancada opositora entonando "Fuera Dilma" y el oficialismo respondiendo "golpistas".
El anuncio de la elección de la comisión, hecho por el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, enjuiciado en el Supremo por presunta corrupción vinculada a Petrobras, fue festejado por los opositores, que entonaron el himno nacional entre las protestas del oficialismo.
La comisión ahora deberá elegir a su directiva y al diputado que actuará como instructor y notificar sobre el proceso a Rousseff, quien tendrá un plazo de diez sesiones para presentar su defensa.
Sus alegatos y los de la parte acusadora serán debatidos durante otras cinco sesiones y luego la comisión votará el informe del diputado instructor.
Si la comisión es favorable al juicio político, la palabra pasará al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso avanzará si es respaldado por una mayoría calificada de al menos dos tercios (342 votos).
Si los diputados deciden proseguir con el proceso, la palabra pasará al pleno del Senado, que por mayoría simple decidirá si archiva la causa o inicia lo que sería el propio juicio político.
En ese último caso, la mandataria deberá separarse del cargo hasta que concluya el proceso, para el cual habrá un plazo de 180 días, y en ese período sería sustituida por Temer, quien completaría el mandato que concluye el 1 de enero de 2019 si se llegara a la destitución.
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