No hay duda que el gobierno de Ollanta Humala es el único que se ha preocupado por el caso de las esterilizaciones forzadas, política implementada durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, denominada "Programa de Salud Reproductiva y de Planificación Familiar".
En efecto, el actual régimen impulsó la reapertura del tema en la Fiscalía y ha creado un registro de estas víctimas, entre las que figuran no solo miles de mujeres, sino también hombres.
Pese a estos avances, un grupo de integrantes del Parlamento Europeo envió, el pasado 4 de febrero, una carta al presidente Humala, en la que lo exhorta a dar más pasos para que las víctimas encuentren justicia.
EL PRIMER FOLIO DE LA CARTA.
En la misiva, expresan su "profunda preocupación" por el tema, y recuerdan que las víctimas "sufrieron intervenciones irreversibles". Al mismo tiempo indican que "casi dos décadas después de estos acontecimientos atroces, el crimen sigue rodeado de total impunidad", y destacan el caso de Mamérita Mestanza.
Ante ello, los parlamentarios europeos que suscriben la carta le piden a Humala de manera urgente "hacer todo lo posible, dentro de sus competencias, para avanzar lo antes posible hacia la debida judicialización de todos los casos".
También recuerdan que hace cuatro años, Humala manifestó que la esterilización "es una de las formas más salvajes de violentar a una mujer" y que prometió que en su mandato "el delito no iba a quedar impune".
EL SEGUNDO FOLIO DE LA CARTA
Aunque destacan que en noviembre del 2015, el gobierno de Humala haya publicado el Descreto Supremo 006-2015 del Ministerio de Justicia, que crea un registro de víctimas para atenderlas de forma prioritaria y facilitar los procesos judiciales, indican que solo es un comienzo:
"(...) hará falta una política de reparaciones integrales que comprende - aparte de la justicia - la verdad y la reparación individual como también la reparación comunitaria".
Advierten que también hará falta las reparaciones de tipo simbólico, en salud, económicas y con programas reproductivos, las cuales son "las principales demandas de las víctimas". También menciona que:
"Cumplir con los aspectos mencionados es imprescindible para devolverles a las víctimas su dignidad y para reparar su daño físico, mental y financiero, hasta donde sea posible".
Al mismo tiempo, la carta llama la atención por el tiempo transcurrido y el abandono de las víctimas, en su mayoría de los andes:
"Consideramos intolerable que casi dos décadas después de la esterilización, mujeres quechua-hablantes tengan que bajar desde sus comunidades, con sus propios recursos, para declarar y así recordar todo su sufrimiento por la esterilización y la estigmatización que siguió a la intervención quirúrgica, sin saber si su testimonio sirve para algo, y además ser maltratados por funcionarios".
Tras saludar que se haya reabierto el expediente de 2,074 casos de esterilizaciones, hacen una invocación al presidente Humala:
Con nuestra carta quisiéramos comunicarle que desde Europa estamos siguiendo muy de cerca este momento decisivo y esperamos que se tome la buena decisión a corto plazo que haga avanzar substancialmente (sic) la lucha en contra de la impunidad de este crimen de lesa humanidad antes de que finalice su mandato presidencial
El documento está firmado por 23 parlamentarios europeos de Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Suecia y el Reino Unido, con copia a la secretaria general de la Presidencia de la República, María Elena Juscamaita; al Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez-Velarde; y al ministro de Justicia, Aldo Vásquez.
LOS FIRMANTES DE LA CARTA.
A Humala solo le quedan cinco meses para avanzar lo más que pueda con el caso de las esterilizaciones forzadas. En ese tiempo, debe lograr que la estructura para lograr la justicia y la verdad en este caso sea tan sólida, que cualquier gobernante siguiente no pueda desmontarla, y así lograr el objetivo ansiado por las víctimas.
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