El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aldo Vásquez, descartó que la creación de un Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, responda a alguna intencionalidad política, y dijo que no se puede postergar por más tiempo la atención a las personas afectadas por esas practicas ilegales. 

Durante su presentación ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, refirió que el decreto supremo que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas entre los años 1995 y 2001, tiene todas las garantías constitucionales.

"Descarto absolutamente toda intencionalidad política de este decreto (...)", enfatizó.

Refirió que las esterilizaciones forzadas, perpetradas durante el gobierno de Alberto Fujimori, siempre han sido un tema de debate y no por ello se debe aplazar el pedido de un sector de la población, que en algunos casos, está esperando atención por más de 18 años.

"Es legítimo que el tema de las esterilizaciones sea materia debate, pero eso no significa que las señoras que sufrieron este tipo de prácticas deban seguir esperando (....)", comentó.

Agregó que el mencionado decreto supremo no pretende interferir en las investigaciones realizadas en el Ministerio Público.

"Este decreto no adolece de inconstitucionalidad, por el contrario, la Carta Magna establece que es deber primordial del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y el artículo 139 señala que la obligación de brindar la defensa gratuita a las personas de escasos recursos económicos", anotó.

El pasado 6 de noviembre, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, declaró de interés nacional la atención a las víctimas de esterilizaciones forzadas entre 1995-2001, y dispuso la creación del respectivo registro de víctimas.

Mediante el Decreto Supremo N 006-2015-JUS, estableció un marco jurídico para implementar la asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral a las víctimas de estas prácticas.