¿Se le viene la noche? La Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios del Callao presentó una acusación penal contra el gobernador regional de dicha jurisdicción, Félix Moreno, al atribuirle responsabilidad penal por la venta de un terreno subvaluado que habría favorecido al empresario Óscar Peña Aparicio.
Perú21 informó que la decisión fiscal contra Moreno Caballero, que implica a cuatro de sus gerentes, fue ingresada al Poder Judicial el 16 de noviembre, luego de haber investigado durante dos años la actuación de los funcionarios regionales, quienes habrían actuado en contubernio con los representantes legales de la Inmobiliaria Estefanía S.A.C., Óscar Peña Aparicio y su hijo, Óscar Peña Macher, para transferir el terreno ubicado en el antiguo fundo Oquendo.
El fiscal Wils Gonzales, a cargo de las pesquisas, solicitó para Félix Moreno cinco años y cuatro meses de pena privativa de la libertad y la inhabilitación para ejercer la función pública durante cinco años, por considerarlo inmerso en el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado.
El magistrado le atribuye a Moreno Caballero haber intervenido de forma directa en el ilícito al haber autorizado la subasta pública; no haber gestionado los trámites correspondientes para cambiar el uso público del predio subastado; y designar a los miembros del comité especial que estuvieron a cargo del proceso, pese a que no se había hecho la valorización comercial ante un organismo especializado. De esta forma, añade, se perjudicó al Estado con S/.10.3 millones.
El fiscal Gonzales advierte también en la acusación que Óscar Peña Aparicio y Óscar Peña Macher, socios de la favorecida Inmobiliaria Estefanía S.A.C., actuaron en colaboración con los funcionarios del gobierno regional Miguel Asencios Vega, Marco Palomino Peña, Eber Ramírez Sánchez, Félix Moreno Caballero y José Julián García Santillán, al permitir que las empresas de los denunciados, Fundo Doña Licha S.A.C. y LSA Enterprises Perú S.A.C., hayan participado en una primera convocatoria, que quedó desierta.
En la segunda convocatoria, el terreno le fue adjudicado a la Inmobiliaria Estefanía S.A.C. como postor único. Resaltó que los funcionarios recibieron un cheque no negociable de la empresa Edferhope EIRL –ambas firmas de propiedad de los denunciados– cerrando la posibilidad de puja y pagando por el inmueble un precio menor de su valor comercial.
Cabe recordar que esta no es la primera acusación formal que afronta Félix Moreno. La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima dispuso formalizar investigación preparatoria contra el actual gobernador regional del Callao por su presunta implicancia en actos de colusión desleal, que habría originado considerables perjuicios económicos a la Municipalidad Provincial del primer puerto durante su desempeño como titular de esta última en el 2007.
VIEJOS CONOCIDOS
La presunta vinculación entre este empresario y el gobernador regional del Callao se remonta a la época en que este último se desempeñó como alcalde provincial del primer puerto y más aún cuando los pobladores del antiguo Fundo Oquendo protestaron porque, a través de un proceso notarial, Juan Alva Cano declaró tener en posesión parte de la playa que comprendía un área de 82,196 m² que fue cercado con un muro perimétrico cortando el paso a la población.
La inscripción del terreno a favor de Alva Cano se hizo en la partida electrónica 70256525 de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y se logró gracias al otorgamiento de certificados emitidos por la Municipalidad Provincial del Callao, en ese entonces a cargo de Félix Moreno. Esta inscripción luego fue impugnada por la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), pero tras una decisión judicial se inscribió una medida cautelar para que dicha entidad se abstuviera de seguir refutando, hecho que fue ratificado con una sentencia.
Posteriormente se conoció que Juan Alva Cano transfirió el terreno a los esposos Iván Márquez Mori y Rosario del Pilar Fransi Aspausa, representantes de la empresa Roimax S.A.C., que coincidentemente era empleadora del primero de los mencionados. Los otros socios del inmueble son las empresas LSA Almacenera S.A.C., representada por Óscar Peña, y Contrans S.A.C., ambas dedicadas al depósito de contenedores.
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Con información de Perú21 y foto de cabecera de Diario16
