Marcó distancia. La Conferencia Episcopal Peruana publicó un comunicada en el cual señala que las denuncias de abusos cometidos por miembros del Sodalicio deben ser vistos por el Poder Judicial. Una respuesta muy distinta a la que dio Juan Luis Cipriani, quien atacó a la prensa. ¿Se molestará el cardenal por este pronunciamiento?
Por otro lado, ya se instaló oficialmente la comisión parlamentaria que investigará las presuntas irregularidades de los contratos que se firmaron con empresas brasileñas, involucradas en el caso Lava Jato, durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
La República destaca el comunicado emitido por la Conferencia Episcopal Peruana en el cual los obispos del Perú expresaron su indignación por las denuncias de abuso sexual y psicológicos contra miembros del Sodalicio. En tanto, el ministro de Economía, Alonso Segura, bloquea la explotación del Lote 64, así sin ningún tipo de debate. ¿No se han aprendido las lecciones del Lote 192?
Perú 21 informa sobre la instalación de la comisión parlamentaria que indagará sobre los contratos firmados por los últimos tres gobiernos (incluido el actual) con empresas brasileñas que están involucrado en el megajuicio conocido como Lava Jato.
El Comercio resalta el decreto de urgencia del MEF para que los contratos firmados con ministerios, regiones y municipios se puedan adecuar a ley. La norma se publica luego de que Segura se reuniera con Luis Castañeda, alcalde de Lima, tras el impasse producido por los corredores viales. ¿Decreto hecho a la medida?
Correo se enfoca en la respuesta que dio el Gobierno a la protesta diplomática de Chile por la creación del distrito en nuestra frontera sur (La Yarada- Los Palos) que el vecino país considera un 'ataque' a su soberanía. En tanto, la próxima semana Nadine Heredia será citada la próxima por la Comisión de Fiscalización. ¿Responderá las preguntas o utilizará la 'arma' del silencio?
Gestión destaca que exiten, en nuestro país, 750,000 juicios contra empresas por quedarse con los aportes de sus empleados. Como vemos, para quebrantar la ley no se necesita tener un arma de fuego.
