En medio de la turbulencia política de las últimas semanas y ad portas de la campaña electoral para los comicios de abril de 2016, en el Congreso se presentó una iniciativa legislativa que constituye una amenaza a la libertad de expresión.
Esta vez vino del legislador aprista Javier Velásquez Quesquén, quien a través de un proyecto que tiene el aval de la bancada de Concertación Parlamentaria pretende insertar un nuevo artículo al código penal (162-B).
¿Cuál es el objetivo de la iniciativa? En resumen, meter a la cárcel a los periodistas que difundan audios de conversaciones personales.
Esto es lo que dice el artículo que Velásquez y compañía quieren añadir:
¿Por qué es una amenaza para la prensa?
Si bien la privacidad y la intimidad de las personas son derechos consagrados en la Constitución política del país, y el ejercicio responsable del periodismo implica su pleno respeto, la iniciativa que se presentó el 7 de octubre no especifica las necesarias excepciones a la regla. Y las hay, cuando existe un caso de real interés público.
Por ello el proyecto constituye una amenaza para periodistas que tengan en su poder, por ejemplo, audios como los que hace poco se difundieron con conversaciones de Gerald Oropeza que involucran a políticos y han salpicado al Apra, o grabaciones como la del caso ‘Petroaudios’, que evidenció corrupción en la licitación de lotes petroleros en el segundo gobierno de Alan García.
No es el primero ni será el último intento de 'camuflar' mordazas en iniciativas legislativas. De hecho, no hace mucho un proyecto del PPC en ese sentido casi se convierte en ley en este gobierno, el cual nació como reacción a la difusión de los ‘potoaudios’ de Lourdes Flores. ¿El de Velásquez Quesquén es una reacción al audio del 'tío Alan' y su 'batería'?
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