La invalidez de los audios y correos del caso 'Petroaudios' -uno de los más emblemáticos del último gobierno aprista- que declaró la Tercera Sala Penal Liquidadora de Lima, presidida por el juez superior Ricardo Brousset, hiere de muerte a la lucha contra la corrupción en Perú, uno de los principales problemas del país, junto a la inseguridad ciudadana.
Por si fuera poco, esta decisión que ya no será revisada por la Corte Suprema y quedó consentida, debido a que el fiscal superior adjunto Hernán Mendoza y el procurador adjunto anticorrupción Erick Betallaluz retiraron el recurso de nulidad que habían interpuesto inicialmente, de tal manera que ya no habrá revisión de la decisión.
Exprocurador Julio Arbizu calificó el fallo de lamentable, porque en este tipo de casos es cuando el Poder Judicial debe ser muy riguroso, ya que si bien está en conflicto el derecho a la intimidad también lo está el principio constitucional de lucha contra la corrupción. Bajo esa premisa, subrayó el abogado, la justicia debió privilegiar lo segundo, teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones que están en juego.
¿Cuáles son los alcances y riesgos que implica la decisión?
Julio Arbizu las resume así:
1. La invalidación de las pruebas en este proceso apunta a la absolución o el sobreseimiento de los imputados, como Rómulo León y Alberto Químper, justamente por falta de pruebas.
2. Esta decisión judicial sienta un nefasto precedente para casos posteriores (como, por ejemplo, el de las agendas que se le atribuyen a Nadine Heredia y que su defensa busca que sean declaradas prueba ilícita).
LAS RAZONES DE LA SALA
El fiscal Hernán Mendoza y el procurador Erick Betallaluz pidieron al tribunal de Brousset que anule su decisión porque genera un impacto negativo en la sociedad y es incongruente con otras decisiones judiciales, en el mismo caso 'Petroaudios'.
La procuraduría presentó jurisprudencia de la Corte de EEUU que acepta una prueba ilícita obtenida por un tercero, no agente del Estado, como en el caso de los 'Petroaudios', en que los audios fueron obtenidos por la empresa BTR, que 'chuponeó' las conversaciones de exministro aprista Rómulo León y el exdirector de Perupetro Alberto Químper, diálogos que evidenciaban un presunto negociado para beneficiar con una concesión de lotes de petróleo a la empresa noruega Discover Petroleum.
Sin embargo, la respuesta de los magistrados de la Tercera Sala Penal fue ratificarse en su decisión en forma inapelable. ¿La razón? Explicaron que los audios ilícitos sirven para iniciar una investigación, por lo que se acogieron para sustentar las órdenes de detención preventiva, pero no para emitir una sentencia.
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