Ayer culminó un nuevo ciclo de negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC para alcanzar una pronta situación de paz. Sin embargo, en vez de que las partes avancen con respecto a los nuevos acuerdos, parecen distanciarse en torno al tema más polémico del tratado: la justicia transicional.

Y ante la oleada de críticas por la falta de divulgación de los acuerdos, Humberto de la Calle, el jefe negociador del Gobierno de Colombia, dijo ayer que cinco puntos del convenio aún no están esclarecidos en su totalidad.

Por su parte, las FARC también emitieron un comunicado en el que acusaron al Gobierno de 'faltar a su palabra' con respecto a las negociaciones de paz.

A lo que de la Calle respondió que el acuerdo es susceptible a modificaciones:

"Hubo un acuerdo plasmado en 10 puntos, pero respecto del documento más largo jamás, jamás se aceptó que se trataba de un convenio cerrado e inmodificable. Lo importante ahora, ante esta arremetida verbal injustificada e inaceptable de las FARC, utilizando expresiones ofensivas que el Gobierno rechaza, es esclarecer ante la opinión pública los puntos que no hemos aceptado".

Los polémicos puntos de desacuerdo

Estas son las cuestiones sobre las que aún no hay conciliación:

1. Que el secuestro sea un delito amnistiable.

2. Que los agentes del Estado acusados de cometer delitos durante el conflicto reciban el mismo tratamiento que las FARC.

3. No se ha establecido cómo será la elección de los magistrados del tribunal de paz que juzgarán a las FARC.

4. No se han definido los efectos de una eventual suspención de extradición para los líderes de las FARC. 

5. No se sabe cómo se desarrollará la restricción de la libertad para los responsables de delitos graves. 

La postura de las FARC

Iván Márquez, el representante y negociador por las FARC, dijo que la falta de acuerdo en los puntos mencionados, constituyen obstrucciones y medidas unilaterales que dificultan el proceso de paz:

"La historia creadora de paz se escribe cumpliendo. Cumplió la comisión de juristas, cumplimos nosotros. Seguimos a la espera de lo firmado sea aceptado sin reticencias. Lo que pudiera faltar corresponde a un desarrollo que no puede variar para nada el contenido y el alcance del sistema concebido, que como se ha firmado, está cerrado".

Asimismo, desmintieron al procurador Alejandro Ordónez quien afirmó que la guerrilla ha pedido requisito la judicialización del Álvaro Uribe.

Por último, dijo que el procurador debería anular la impunidad de aquellos que se creen 'vacas sagradas' puesto que usurpan el poder. 

(Foto de cabecera: globovision.com)