OceanaGold es una minera canadiense-australiana que actualmente viene demandando a El Salvador puesto que el país se ha negado a otorgarle una concesión para explotar oro.

Y es que según el Gobierno del país centroamericano, las actividades de la minera podrían contaminar los escasos recursos acuíferos de la nación.

Como respuesta, la compañía realizó un reclamo, primero por 314 millones de dólares y luego redució el monto a 250 millones de dólares.

Ante la situación, el panel de arbitraje del Banco Mundial está analizando el asunto que ya tuvo su audiencia final y se encuentra próximo a dar la decisión final sin derecho de apelación. 

Y aunque a primera vista se trata de un problema que afecta solo a El Salvador, diversos especialistas afirman que sus implicancias podrían afectar también a otras naciones de América Latina, ¿Por qué?

Pues para Luis Parada, coordinador del equipo de abogados de Foley Hoag, empresa que representa a El Salvador, el fondo del asunto es si es posible que una compañía pueda cambiar a legislación de un país:

"Lo que está en juego es si una empresa internacional puede utilizar el sistema de arbitraje internacional para obligar a un Estado soberano a cambiar sus leyes. O si es el inversionista extranjero quien tiene que cumplir las leyes del país en que ha decidido invertir".

Antecedentes

Todo tiene sus inicios en el 2004, cuando la empresa canadiense Pacific Rim, hoy OceanaGold, pidió la concesión de la explotación de El Dorado, una mina de oro ubicada en el departamento de Cabañas. 

La solicitud se hizo unos días antes de la expiración de dos licencias de exploración que ya se le había otorgado a la compañía anteriormente. 

Ante esto, El Salvador se negó a darle a concesión puesto que según ellos, Pacific Rim no cumplió con tres requisitos de la Ley de Minería del país:

1. La empresa no era propietaria del área solicitada en concesión.

2. No presentó un estudio de factibilidad.

3. No presentó el correspondiente permiso ambiental.

Lo que sucedió luego de la decisión del Gobierno es inverosímil. Y es que la empresa trató de convencer al Estado de cambiar la Ley de Minería y como si fuera poco redactó un proyecto para una nueva ley e intentó que esta fuera aprobada por el Legislativo. 

Y aunque pareciera que la situación no podía empeorar, cuando El Salvador anunció que su propuesta no era factible, Pacific Rim amenazó al país con un arbitraje internacional y cambió la nacionalidad de su subsidiaria Pac Rim Cayman de las Islas Cayman a Estados Unidos para ampararse al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (CAFTA).

Posteriormente inició el arbitraje en el 2009. 

Tiempo después, en el 2012, apareció en el panorama OceanaGold cuando adquirió el 20% de las acciones de Pacific Rim. Un año después compró el 80% restante. 

El tribunal de arbitraje

El Salvador logró que el tribunal del Banco Mundial determinara que no tenía jurisdicción para decidir sobre el problema bajo el CAFTA.

Sin embargo, el panel con sede en Washington si se declaró competente bajo la Ley de Inversiones de El Salvador. 

El país se defendía con el argumento que indicaba que la empresa no cumplió con los requisitos de la Ley de Minería y que por eso, está en su derecho de establecer medidas con el objetivo de proteger la vida y la salud de los salvadoreños y de su medio ambiente. 

Y es que El Salvador es un país tan pequeño que sufre de falta que agua, recurso abastecido solo por el río Lempa cuyo cauce cruza todo el territorio de la nación. Es así que de verse afectado por un derrame de sustancias tóxicas, toda la población y recursos hídricos de El Salvador, se verían afectados gravemente. 

Con respecto a la defensa de OceanaGold, la compañía ha cambiado de argumentos a medida que se ha desarrollado el arbitraje. 

Primero aseguraron que habían cumplido con todos los requisitos de ley, con excepción del permiso ambiental que no había sido otorgado, según ellos, por motivos arbitrarios. 

Sin embargo, al final, OceanaGold anunció que así no hubiese cumplido con los requisitos de ley, igual tenían el derecho a explotar el hallazgo ya que ellos exploraron y encontraron los minerales. 

Al respecto, Andrea Atell, vocero de la compañía, afirmó:

"La licencia de exploración para el proyecto El Dorado, que fue concedida bajo la ley de minería y que fue apoyada por el hallazgo de valiosas reservas de oro por Pacific Rim, creó una obligación legal al gobierno salvadoreño de procesar la aplicación de una concesión de explotación". 

Es así que OceanaGold pidió 250 millones de dólares, un monto que estima, hubiese podido extraer de la mina. Al respecto, Timothy McCrum, abogado de la empresa, dijo:

"Pacific Rim invirtió decenas de millones de dólares. Pero creemos que la medida apropiada de los daños reclamados es el valor del mineral cuya explotación fue bloqueada".

Además la compañía asegura que se vio perjudicada por la decisión de Antonio Saca, entonces presidente del país, que introdució una 'prohibición de facto' al suspender las concesiones de minería por su riesgo como respuesta a las protestas populares. Al respecto, McCrum señaló:

"En marzo de 2008 el entonces presidente de El Salvador declaró a la prensa que no habría más minería metálica en el país. Fueron simplemente declaraciones de prensa sin ningún cambio en la ley".

La respuesta de la población

La disconformidad del pueblo salvadoreño tuvo su origen en las propias comunidades afectadas por las concesiones. 

Según Parada, fueron los propios lugareños los que se tuvieron que movilizar para evitar los riesgos de la minería para ellos mismos y sus familias:

"Esa población se organizó en varias ONG que han contado con el apoyo de ONG internacionales y de muchos amigos y aliados internacionales que han acompañado al pueblo de El Salvador en esta lucha".

Asimismo, según Jennifer Moore, coordinadora del programa para América Latina de MiningWatch Canada, ONG encargada del monitoreo del impacto de los proyectos mineros de Canadá en el mundo, afirmó:

"Se educaron a sí mismas sobre los impactos negativos que las minas de oro pueden tener en las fuentes de agua".

La modificación de la legislación

Después de este problema que viene afectando a El Salvador desde hace más de 10 años, el país decidió cambiar su Ley de Inversiones en el 2013, eliminando de esta manera cualquier llamado a arbitraje internacional para resolver sobre desacuerdos con inversionistas extranjeros. 

Sin embargo, este sistema de solución de conflictos comerciales, cada vez está más presente en los acuerdos y tratados internacionales de inversión. 

Es de esta manera que para Parada, esta inclusión del arbitraje internacional consituye un gran riesgo en contra de los países puesto que 'está en juego su misma esencia como Estados que deben proteger la salud y vida de sus ciudadanos':

"El hecho de que se esté ante la duda de cuál debe ser la prioridad en el arbitraje internacional, si la vida humana o las ganancias corporativas, debe hacer reflexionar a todos los Estados sobre la necesidad de hacer cambios sustantivos a los tratados que firman dando esos extensos poderes a estos tribunales arbitrales".

(Foto de cabecera: youtube de Maritime Union of Australia)