Hace unos días, el portal Ojo al Piojo publicó un interesante post en el que nos ponía en alerta sobre algo realmente vergonzoso: la relación entre la Fiscalía de la Nación y el Centro para el Desarrollo de la Familia, ONG evangélica que tuvo a su cargo en Lima la semana pasada el evento 'Salvemos a la Familia', en el que suponemos el objetivo es 'salvaguardar la institución del matrimonio natural entre un hombre y una mujer, bla, bla, bla.
Pero precisamente lo curioso no es el discurso de este tipo de grupos que se promocionan como los dueños de la clave que hará que los peruanos vivamos más felices siempre y cuando vivamos como ellos dicen que hay que vivir, sino que hayan llegado a firmar un convenio con el organismo constitucional encargado de administrar justicia en el Perú, que sí, aunque nos lo repitan mil veces y sigamos sin entenderlo ES UN ESTADO LAICO.
¿Tiene algo de malo el discurso religiosa que tienen este tipo de organizaciones? Para nada. Precisamente la laicidad del Estado permite que exista la libertad de credo. En sus eventos y 'templos' pueden hacer lo que mejor les parezca; pero de eso a permitir que desde las instituciones públicas se pretenda "trabajar con los jóvenes y líderes de Lima haciéndose extensivo a los Jóvenes de provincia incluyendo a sus padres", de acuerdo a dicho discurso, hay una enorme diferencia.
Porque, ¿qué es lo que promueve 'Salvemos a la familia'? Tal y como destaca Ojo al Piojo, sus fundadores, los pastores Guillermo y Milagros Aguayo, demuestran constantemente su ignorancia y homofobia, calificando a las personas LGTBI de ser el producto de familias mal estructuradas, disfuncionales y seres con una autoestima por los suelos. Todo esto sin ninguna base médica que permita comprobarlo.
¿Cómo buscan solucionarlo? Pues con 'cursos y charlas' para que entendamos -nosotros, malditos herejes, descarriadas criaturas-, que son la identidad y la función del hombre y la mujer. Algo que, según dichas enseñanzas, coloca al hombre como el 'excelente líder' y a la mujer como los seres inferiores que deben 'someterse a dicho liderazgo'. Tal cual.
Visto lo visto, volvemos a hacer la pregunta, ¿qué hace una institución pública haciendo convenios con este tipo de personajes?
¿Qué hace el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, condecorándolos?
¿Qué hace el Congreso reconociéndolos?
Insistimos, aquí el problema no es si ellos creen en lo que quieran creer. El problema está en que desde las instituciones que representan a todos los peruanos -creyentes y no creyentes-, se de tribuna a quienes difunden un discurso discriminador amparándose en 'enseñanzas divinas' que todos los ciudadanos de un estado laico no están obligados a compartir.
Nos quedamos con la reflexión del colectivo Unión Civil Ya
Hace años se viene llevando a cabo el evento "Salvemos a la familia", plataforma promovida por una organización evangélica para desprestigiar a las personas LGTBI y a las familias diversas. Sin embargo, este año los organizadores contaban con algo novedoso: un convenio con el Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, suscrito con la Fiscal Lina Loayza Alfaro, funcionaria pública y coordinadora de Fiscales Escolares, a quien se ve promoviendo el evento y el supuesto convenio.
¿Qué hace un organismo del ESTADO trabajando con una ONG abiertamente homofóbica que compara homosexualidad con drogadicción y que propone rehabilitar homosexuales y volverlxs a su "género original"? Rechazamos tajantemente cualquier convenio con ongs homofóbicas e instamos al Estado peruano a actuar respetando el principio de laicidad y los derechos de las personas.
No tenemos más que agregar.
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