Hoy, la mayoría de diarios puso en portada la aprobación del proyecto de ley que permite que la empresa Petroperú opere el Lote 192. Pero ninguna tan exaltada como la de Gestión:
Vayamos con calma. Luego de lo hecho por el Congreso, ¿cuáles son los escenarios que pueden darse? En principio, la consecuencia más cercana es que la empresa canadiense Pacific Stratus Energy podría denunciar al Estado peruano, tal como lo advirtió la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, tras la decisión del Parlamento:
"[De darse esta situación] Sería un pésimo mensaje a los inversionistas porque se está violando la Constitución".
¿Es factible una denuncia contra el Estado peruano? La respuesta es sí. Sobre este punto, el expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, señaló a Gestión que la firma canadiense puede presentar una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Aunque explicó que existe una alternativa para evitar esta situación: que Petroperú mantenga a Pacific como operador a través de un contrato similar al que tiene actualmente por el mismo plazo, es decir, dos años.
"En dos años, o en menos tiempo incluso, Petroperú ya debería haber potenciado su área de exploración y explotación para poder hacerse cargo del lote. Mantener a Pacific es una salida legal, técnica, económica y política", explicó.
Este escenario podría darse ya que, según el congresista Manuel Dammert, (AP-Frente Amplio) la ley aprobada no significa que Petroperú entre, inmediatamente, a operar el Lote 192.
"[...] lo que manda la ley apenas sea promulgada es que Perupetro negocie con Petroperú un contrato de 30 años para el Lote 192. Eso empieza apenas la ley este vigente. Entonces esto no quiere decir que Petroperú entra al lote en este momento, sino que busca las condiciones durante este periodo".
Ahora bien, el congresista precisó que si bien es cierto que el Poder Legislativo no puede anular un contrato, sí puede indagar si hay 'vicios' en el contrato firmado con la empresa canadiense, a través de la Comisión de Energía y Minas. De hallarse irregularidades se podría denunciar el acuerdo ante la Contraloría General de la República.
Cabe recordar que, hace unas semanas, el propio Dammert señaló que el referido contrato está manchado por un presunto conflicto de intereses ya que el presidente de Perupetro, Rafael Zoeger, ha trabajado para BPZ, socio de Pacific en el Lote Z-1.
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[Con información de Gestión y La República]
