Un nuevo escándalo al interior del Gobierno se ha originado luego de que la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, denunciara que el Ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, a través del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, le ha prohibido hablar ante la prensa de la investigación que realiza a las cuentas a las cuentas de la Primera Dama y de su hermano Ilan.

En el programa Al Estilo Juliana, Príncipe ha dicho que el presidente Ollanta Humala tiene dentro de sus potestades dar por concluida sus funciones pero señaló que sería "lamentable" que sea por brindar declaraciones a los medios con respecto a "su señora esposa, la ciudadana Nadine Heredia". 

¿Será que acaso esta es su última entrevista como procuradora? 

La historia de esta censura se inicia a raíz de una carta enviada a su despacho por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado que le pide explicaciones sobre las declaraciones que dio al programa Panorama y a RPP respecto al hallazgo de tres cuentas en Suiza que estarían vinculadas a la primera dama Nadine Heredia.

Pero lejos de intimidarse, la procuradora salió al frente y en el programa Sin Peros En La Lengua de Milagros Leiva dijo que ni siquiera en los gobiernos de Alejandro Toledo o Alan García le habían prohibido dar declaraciones.

Ahora, si bien la carta señala que existe una especie de protocolo para que los procuradores brinden declaraciones a la prensa, Príncipe ha señalado que anteriormente ha declarado sobre otros casos como el de Orellana, Ecoteva o César Álvarez sin pedir permiso y no tuvo inconvenientes. ¿Cuál era la diferencia en este caso? 

Ministro en la mira

Como era previsible, la oposición ha aprovechado el momento. Por un lado, el congresista aprista, Mauricio Mulder, dijo que la procuradora está probablemente en una situación similar a la de Vilcatoma (que finalmente fue despedida) y también advirtió que la intervención de un ministro o un asesor en un asunto como este "es una infracción constitucional”.

Pero el fujimorismo ha ido más allá. El parlamentario Héctor Becerril ha pedido en su cuenta de Twitter que el titular de justicia sea interpelado y ya ha puesto las cartas sobre la mesa al decir que promoverá esta medida al interior de su bancada.

Aunque las declaraciones de la procuradora Príncipe han cobrado notoriedad lo cierto es que en cierta medida se veían venir. Hace unas semanas Perú21 reveló que el Consejo de Defensa Jurídica envío un oficio a los procuradores para advertirles que podrían ser sancionados si declaran a la prensa sin previa autorización.

¿Qué dijo el ministro de Justicia luego de la denuncia? Pues que "la defensa del Estado no es vedetismo". Y refiriéndose a su cartera, agregó: "Hacemos un trabajo silencioso, estamos para conseguir resultados favorables para el Estado”. 

¿Cuánto puede costarle esta censura al Gobierno? Por lo pronto, ya hay un ministro en la mira y una procuradora que tal vez tenga las horas contadas en el cargo.