¿Rebelde sin causa? La posición del Presidente Olllanta Humala en el caso Chavín de Huántar resulta polémica por dos razones: primero porque como mandatario no puede anunciar el desacato de un fallo de una corte internacional y, segundo, porque lo hace en base a inexactitudes y muchos de los responsables son funcionarios estatales en la actualidad. Así lo expresó el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera.
En una entrevista al programa Agenda Política de Canal N, Rivera dijo:
"Le están enmendando la plana al Presidente. No es poca cosa que un Presidente se quiera poner en una situación de rebeldía frente a un tribunal internacional. Además, porque él no tiene nada que ver en el caso. Es un tema que viene del gobierno fujimorista".
El problema de Humala y sus ministros es que señala que se está atacando a los héroes comandos del rescate de la Residencia del embajador de Japón en 1997, cuando en realidad se está acusando al Estado peruano de no investigar el caso de la ejecución extrajudicial de un emerretista y no sancionar a los culpables. Al respecto, el abogado Rivera afirma:
"Está haciendo demagogia. Él, como un estadista, debería esperar el fallo. Si quiere lo cuestiona o lo crítica. Debería esperar que los abogados del Estado le hagan un ensayo más sensato. El Estado peruano tendrá que cumplir esa sentencia. Hay que separar la paja del trigo. No es cierto que todos los comandos serán judicializados. Se debe investigar y determinar quieren cometieron el crimen".
Rivera también explica la labor de las organizaciones de derechos humanos:
"Nosotros alentamos la acción de la justicia internacional en un crimen que desde todo punto de vista ha sido demostrado. La declaración de ejecución no es un capricho de Aprodeh o de Gloria Cano. Lo que aquí se demuestra no es una muerte en combate, se ha determinado que hubo una ejecución extrajudicial. Y la Corte Suprema de Justicia determina que eso debe ser confirmado. Gustavo Adrianzén [actual ministro de Justicia] es culpable de esto. En su momento, cuando era procurador, Adrianzén no apeló la sentencia, quizás por incompetencia. Nadie apeló ese extremo. Ese error tiene fecha: el 12 de octubre del 2012, cuando se emite la sentencia. Luego, se introdujo el caso con todos los comandos al fuero militar. Estos son dos errores fatales que han hecho que se vaya a la Corte".
Por ello, Rivera afirma:
"Han hecho una estrategia suicida. Humala no está mirando a los verdaderos responsables. Está continuando una estrategia de defensa que viene desde García, que es que sostienen que no hay ejecución extrajudicial. La Corte-IDH reconoce la calidad de la operación militar y del Estado, pero recuerda que los Estados se han comprometido a respetar la vida de las personas, así se trate de integrantes de organizaciones delictivas".
En la última semana, el debate se encendió cuando Francisco Eguiguren, el nuevo integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dio su opinión sobre el caso Chavín de Huántar. Sin mencionarlos, Eguiguren apuntó contra los fujimoristas. Dijo que algunos políticos aprovechan este caso para utilizar un falso patriotismo y no ver que cuando se violan derechos humanos las sanción al Estado peruano es lo que corresponde.
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Otro en reaccionar y repetir el discurso fujimorista sobre derechos humanos fue el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, quien dijo que se está persiguiendo a los comandos de Chavín de Huántar.
Luego de las declaraciones de Rivera, Adrianzén llamó al programa de Canal N y respondió:
"Los culpables son los que llevaron a los falsos testigos y llevaron este caso ante la Corte-IDH. No dudo en que hay una motivación económica. Los antipatrióticos son ellos, todos los que han orquestado este engaño, esta farsa contra nuestros héroes de Chavín de Huántar".
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