El último informe de Amnistía Internacional alerta que el 2014 fue un año complicado en materia de derechos humanos para el Perú. Según el reporte, en nuestro país se han acrecentado los conflictos sociales y protestas afectadas por las industrias extractivas; la impunidad en casos de violación de derechos humanos sigue siendo una constante; no se registraron mayores avances en materia de derechos sexuales y reproductivos; y los derechos civiles de los gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales siguen siendo anulados expresamente por el actual gobierno.  

Pueblos indígenas, la gran deuda del Estado

El último año, hubo dos casos alarmantes que llamaron la atención de esta organización pro derechos humanos: el acoso de la empresa minera Yanacocha a la campesina Máxima Acuña , en Cajamarca, y el asesinato de los líderes asháninkas Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quinticima Meléndez y Francisco Pinedo, en Saweto (Ucayali) a manos de madereros ilegales que querían apropiarse de sus tierras.

En el caso de Máxima Acuña, Amnistía Internacional advierte lo siguiente: 

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos requirió que se les concedieran medidas cautelares. Al finalizar el año, no habían recibido ningún tipo de protección”. 

En cuanto a la muerte de Edwin Chota y compañeros observa que “antes del ataque, la comunidad había manifestado inquietud por su seguridad, y las autoridades no la habían protegido”.

Esos dos casos paradigmáticos son solo el ejemplo de la falta de protección del Estado hacia los pueblos indígenas y la muestra más evidente de que la ley de consulta previa no se aplica en el país:

“A pesar de algunos esfuerzos para aplicar la ley de 2011 que garantizaba el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, preocupaba la falta de una metodología clara y de coherencia en su puesta en práctica antes de la adjudicación de concesiones a las industrias extractivas".  

"En enero, las autoridades concedieron una licencia para ampliar la explotación de los yacimientos de gas de Camisea en el departamento del Cuzco, a pesar de la intranquilidad que suscitaba el hecho de que ninguna de las comunidades indígenas que podían verse afectadas hubiera dado su consentimiento, y de que cerca de una cuarta parte del territorio podía estar habitada por pueblos indígenas en aislamiento voluntario”

Represión: protestas sociales y ley 30151

El reporte  también  advierte que el gobierno de Ollanta Humala, durante el 2014, se caracterizó por la represión y el uso excesivo de la fuerza:

“Al menos nueve personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas en un clima de inquietud por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante las protestas que tuvieron lugar a lo largo de 2014. Al finalizar el año, no se tenía constancia de que se hubiera abierto ninguna investigación sobre dichas muertes”.

Esa violencia quedó institucionalizada desde el gobierno con la aprobación de la Ley 30151.

“La ley eximía de responsabilidad penal a los miembros de las fuerzas de seguridad si mataban o herían a personas estando de servicio. En febrero, un juez aplicó dicha ley retroactivamente y absolvió a cuatro agentes de policía procesados por su responsabilidad en la muerte de tres manifestantes, ocurrida en Huancavelica en 2011”.

Impunidad: CVR, esterilizaciones forzadas y ‘baguazo’

Amnistía Internacional considera que la impunidad se consagró el 2014 en Perú cuando se frenaron los juicios de reparación a las víctimas afectadas durante la violencia política:

“Al cumplirse 11 años de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los avances para garantizar la verdad, la justicia y la reparación a todas las víctimas seguían siendo lentos. Inquietaba que las fuerzas armadas continuaran sin cooperar con el poder judicial, y que algunos casos se archivaran al resolver los jueces que los delitos habían prescrito.”

Entre esos juicios archivados se encuentran los casos de más de 2.000 mujeres indígenas y campesinas que habrían sido esterilizadas durante la década de 1990. 

“Tras la investigación, que se inició en 2004 y duró casi 10 años, el fiscal sólo presentó cargos contra algunos profesionales de la salud presuntamente responsables en uno de los casos. No se presentaron cargos contra ninguna de las autoridades responsables de poner en marcha el programa de planificación familiar que dio lugar a las esterilizaciones”, señala el informe.

Otro grave caso de impunidad, según anota la organización, es la violación de derechos humanos cometida contra civiles en Bagua (conocido como el “Baguazo”) en un juicio que abogó a favor de los policías y dejó de lado a los civiles:

“En mayo [2014] se inició el juicio de 53 personas, incluidos indígenas y algunos de sus dirigentes. Habían sido acusados de la muerte de 12 agentes de policía durante una operación policial y militar desarrollada en 2009 para dispersar el bloqueo de una carretera promovido por indígenas en Bagua, departamento de Amazonas. Murieron 33 personas, 23 de ellas policías, y más de 200 resultaron heridas. Ningún policía o militar había rendido cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles.”

Derechos sexuales, reproductivos y civiles en espera

Los derechos sexuales de las mujeres siguen en espera. Aunque el 2014, la ministra de salud aprobó la guía técnica para aborto terapéutico en caso que el embarazo comprometa la vida de la madre, el aborto en casos de violación o incesto continúa penalizado y sigue prohibida la distribución gratuita de anticonceptivos de emergencia (incluso en casos de violación).

Todo ello pese a que se recolectaron más de 60.000 firmas a favor de la legalización del aborto para víctimas de violación. El Congreso tiene ese pendiente con la sociedad civil.

Por otro lado, la organización advierte que los derechos civiles de la comunidad LGTBIQ siguen en la misma lista de espera:

“El año pasado se aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos en un clima de preocupación por la exclusión explicita de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales”. “Al finalizar el año, el Congreso no había debatido una ley que otorgaría la igualdad de derechos a las parejas del mismo sexo.”

Este complicado panorama hace concluir a Amnistía Internacional que el Perú aún tiene una larga lista de pendientes en materia de derechos humanos, una agenda que debe priorizar el diálogo con los pueblos indígenas, la defensa de poblaciones vulnerables, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos civiles de la comunidad LGTBIQ.

*Puedes descargar el informe anual aquí y el reporte sobre Perú aquí.

[Foto de portada: Policías que intervinieron en el fatal desalojo a Fidel Flores en Cajamarca, quien perdió la vida víctima de un disparo de cartucho de perdigones efectuado por un policía / Andina]