Ayer en LaMula publicamos una sucinta cronología de la gestación de la Ley 30288, o "Ley Pulpín", elaborada por el laboralista Álvaro Vidal. La cronología sugiere claramente que en la "cocina" de esta norma los ingredientes vinieron de organizaciones como la Asociación de Exportadores y la Sociedad Nacional de Industrias, gremios empresariales interesados desde hace tiempo en reducir los que consideran "sobrecostos" en el régimen laboral peruano. Y sugiere también que la norma fue elaborada y aprobada al apurón en el Congreso en contra de las opiniones de expertos y especialistas, la OIT e incluso secciones del Ministerio de Trabajo, y, por supuesto, sin intervención de la sociedad civil o de los propios afectados.
Hoy, el diario La República confirma esta percepción, con un artículo que desde el título identifica a los autores de la norma, ampliamente rechazada por la sociedad y los trabajadores: "Produce y Economía, los responsables de la ley juvenil".
Este artículo añade detalles significativos detalles a la cronología. Por ejemplo, nos recuerda la insistencia de la SNI en "flexibilizar" el mercado laboral peruano, haciendo más fáciles los despidos, reduciendo el sueldo mínimo y recortando beneficios y derechos, entre otras cosas. Y nos recuerda además la entusiasta participación en estas discusiones del Ministro de la Producción, Piero Ghezzi.
Ya en octubre, poco antes de que la ley pasara del ejecutivo al Congreso para su aprobación prácticamente sin debate, un pronunciamiento firmado por personajes públicos, expertos y especialistas en el tema, entre ellos varios exministros de trabajo y altos funcionarios del Mintra, denunciaba una "intensa campaña en medios, promovida por algunos gremios empresariales y mediáticos, que insisten en exigir al gobierno reformas en la legislación laboral, orientadas a reducir los derechos de los trabajadores/as ampliando los regímenes especiales al conjunto de trabajadores/as, argumentando que esto incentivará la inversión privada en momentos de desaceleración económica y pérdida de competitividad".
Los firmantes del pronunciamiento (vale la pena releerlo ahora) consideran esta campaña nociva y esos argumentos, falsos. Lo interesante aquí, como nota La República, es que haber firmado este documento le terminó costando su puesto, tras 15 años de servicio, a un intendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Christian Sánchez. Algo que ya había consignado la cronología de Vidal.
Y esto es interesante porque, en sus respuestas a las críticas de la nueva norma, el gobierno ha insistido a su vez en que la Sunafil será el organismo encargado de velar por los intereses de los trabajadores afectados (que no los despidan para reemplazarlos por jóvenes bajo el nuevo régimen, por ejemplo). Lo han dicho, entre otros, el MEF y el propio MINTRA, en sus intentos de atajar la percepción negativa de la ley, intentos cuyas carencias y mistificaciones ya hemos comentado antes.
Es decir, el propio organismo encargado de supervisar y fiscalizar la aplicación de esta ley está siendo debilitado en el proceso, incluyendo un cambio a la normativa que ha pasado desapercibido, pero no debería: ahora, tanto el MEF como Produce integrarán el consejo directivo de la Sunafil, restándole poder al MINTRA (cuyos técnicos, al menos en parte, han estado consistentemente en contra de la ley 30288).
Hay que anotar también que las normas y condiciones del mercado laboral peruano ya están siendo "flexibilizadas", como observa también hoy La República. Ya es más fácil, por ejemplo, efectuar despidos masivos, gracias a una serie de normas dictadas por el ejecutivo como parte de su "paquetazo tributario" de septiembre de este año. En otras palabras, la "Ley Pulpín" no es un caso aislado, sino parte de una estrategia más amplia.
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