"No contamos con que iba a haber este tipo de infiltrados", dice el ministro del interior Daniel Urresti en la conferencia de prensa esta mañana, en la que ha anunciado las medidas que su cartera ha planeado para enfrentar la manifestación convocada para esta tarde contra el nuevo régimen laboral juvenil.

El ministro ha prometido que la Policía asistirá sin armamento, que no se empleará caballería ni perros policía y que se destinarán a la movilización siete u ocho mil policías, "similar a cuando hay un partido de fútbol, un clásico", dijo. 

No es la única similitud con un operativo de seguridad futbolero. Urresti también dijo a la prensa que se instalarán controles de ingreso a los puntos de concentración, el Campo de Marte y Plaza San Martín. Aquellos que no ingresen, de acuerdo al ministro, será "porque esta requisitoriado o porque pertenece a Sendero Luminoso o algo por el estilo".

"En primera línea, tenemos cerca de 500 damas policías con guantes blancos como señal inequívoca de que la policía no pretende utilizar actos violentos ni reprimir esta protesta que se considera pacífica", dijo Urretsi anunciando el uso de la línea femenina que ya empleó en Cajamarca, para hacer frente a la manifestación posterior a la muerte de Fidel Flores, asesinado por la policía durante el irregular desalojo de su vivienda.

Superarán los controles quienes porten su documento de identidad; se impedirá el ingreso de quienes porten "pañuelo largo, capucha, mochila, y cosas que se pueda usar para actos violentos", detalló el ministro.

En resumen: se restringe el derecho a la protesta y se afecta el derecho de reunión, imponiendo al libre tránsito condiciones de criterio policíaco. Para las medidas se usa como pretexto la imagen de "caos y desmanes" que se ha construido de la marcha ciudadana del 18 de diciembre, aunque no se han presentado pruebas o ni se ha hablado de una investigación en curso sobre qué propiedades o qué derechos fueron afectados por cuáles manifestantes. Tampoco se ha dado información sobre el estatus legal de las intervenciones del grupo Terna (un grupo de agentes que actúan sin uniforme y apresan a manifestantes). Simplemente se ha dado por hecho que estos "desmanes" y este "caos" fue provocado por los jóvenes manifestantes, y no se ha puesto en cuestión la actuación de la policía.

La evidencia en video de los desórdenes muestra fundamentalmente enfrentamientos entre manifestantes y policías, y no en pocos casos, agresiones policiales injustificadas, uso desmedido de la fuerza, empleo de motocicletas desde las que la policía se desplazaba a velocidad para propinar varazos o realizar disparos al aire y detenciones arbitrarias. Tan arbitrarias que en todas las comisarías los detenidos fueron liberados sin que se les abriera proceso o se especificara siquiera la figura legal bajo la que habían sido retenidos.

El debate así pasa de la vulneración de los derechos ciudadanos y laborales de miles de jóvenes víctimas de esta nueva reforma del trabajo (motivo de la protesta) a los derechos constitucionales de reunión y de protesta. Los intentos de "explicarle los beneficios de la ley a los jóvenes" parecen ceder paso a "hacerlos entrar en razón". Es el pase que el ministro del Interior recibe del ministro de economía, Alonso Segura, quien sigue creyendo que este problema está limitado a lo que hagan o dejen de hacer los congresistas y ha declarado ayer que “No es lo mismo escuchar a la calle, que incitar a salir a la calle y no difundir los beneficios de esta norma (…) Cada bancada tiene que ser responsable y consecuente con lo que vota; después veremos qué pasa”.

La paradoja de preguntarle a un enmascarado quién es

El ministerio del interior aprovecha así un debate no resuelto entre los manifestantes del pasado 18 de diciembre, entre quienes argumentan que cubrirse el rostro no es un delito, sino un modo de protección personal (dado el uso que hacen de ella la prensa y los medios de comunicación) y quienes consideran que esta actitud justifica el discurso policial acerca de la infiltración de violentistas en las movilizaciones. Un debate que no es exclusivo de nuestro país, y que se produjo el año pasado en Chile a propósito de la llamada "ley de los encapuchados", que fue rechazada por mayoría en el parlamento durante el gobierno de Piñera, pues se consideró no que "podría ser usada para"- sino que estaba hecha para la represión indiscriminada y que vulneraría libertades democráticas.

Entre las medidas de prevención contra los infiltrados que ha detallado Urresti, además de los controles de ingreso, está el uso de camaras por parte de la policía, 50 en total. "Así como la prensa y los manifestantes registran, la policía también", apuntó el ministro, acusando recibo de las decenas de videos testimoniales que se han compartido esta semana a través de internet, fundamentalmente para denunciar abusos policiales que fueron obviados por el grueso de la cobertura de prensa.

Lee el comunicado del bloque Hip Hop sobre "los encapuchados"

"Vamos a filtrar,vamos a identificar, no va a ingresar ninguno de estos infiltrados y si se infiltran, permitannos que los podamos apartar", dijo Urresti intentando jugarse una vez más la carta de dividir a los manifestantes, y la de evocar al fantasma de Sendero Luminoso y del Movadef (aunque para el ministro son la misma cosa). Parece obviar el ministro el que las actividades de Movadef son públicas (y que sus patriarcas fueron arrestados en sus casas) y que sus militantes no cubren sus rostros ni sus identidades, cuando participan en el espacio público.

“Aquellos, si es que logran infiltrarse y comienza la violencia, les va a caer todo el peso de la ley. Con ellos sí no tendremos ninguna contemplación en hacer todo el papeleo necesario para lograr que el Ministerio Público y el Poder Judicial los metan presos”. La amenaza en realidad es evidencia de que la autoridad pública empieza a notar el cambio de patrón en las manifestaciones públicas, y que en particular el brote de malestar frente a la imposición del nuevo régimen laboral es más extendido que cualquier otra demanda ciudadana en los últimos años, y que quizá ya no pueden controlar en Lima lo que hace tiempo se sabe en otras ciudades del país: la policía no está ahí para garantizar la seguridad de los manifestantes, está ahí para reprimir.

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