En esta nota, los hechos acontecidos desde la reunión del 17 de mayo en la que participó el asesor presidencial Eduardo Roy Gates, las posiciones y explicaciones de la procuradora Yeni Vilcatoma y el ministro de Justicia Daniel Figallo, y las dudas que dejará el caso que se ha convertido en el dolor de cabeza de la pareja presidencial.
Yeni Vilcatoma fue despedida de la Procuraduría Anticorrupción por haberle pedido al presidente Ollanta Humala que retire a Daniel Figallo del Ejecutivo, pero, sobretodo, por haber grabado algunas de las conversaciones y reuniones que sostuvo con el ministro Justicia, hecho que ha sido considerado una falta grave que le costó la pérdida de la confianza ministerial.
¿Por qué la exprocuradora decidió un día que debía grabar sus diálogos con el ministro? Según ha dicho, se lo pidió Christian Salas el 17 de mayo, tras la reunión en el despacho ministerial, en la que también participó el consejero del presidente Ollanta Humala, Eduardo Roy Gates.
Ambos adoptaron esa actitud defensiva porque tanto Figallo como Roy Gates habían mostrado –según Vilcatoma– especial interés por la situación legal de Martín Belaunde Lossio.
Pero…
Sin embargo, desde entonces y hasta el 25 de noviembre –día de la llamada telefónica de Figallo a Vilcatoma– no hay registro, que se sepa, de otra conversación más. Los audios que ayer dieron a conocer LaMula.pe y Cuarto Poder son de fines de noviembre e inicios de diciembre. ¿Qué pasó en los seis meses que transcurrieron entre la supuesta orden de Salas y la llamada de Figallo?
Vilcatoma solo acudió una vez más al despacho de Figallo en junio, cuando fueron a hablar ella y Salas de un asunto vinculado a un ejecutivo de la empresa Odebrecht. Y luego, no fue más.
Pero, además, entre mayo y agosto la única imputación disponible contra Belaunde eran los dichos del colaborador eficaz No 01-2014. Es decir, su situación no era complicada como ahora.
En ese lapso, los dos procuradores adjuntos a cargo del caso –Vilcatoma y Hugo Laurente– estuvieron enfocados en las licitaciones de la gestión de Álvarez, y en particular, la del hospital La Caleta, en donde habrían encontrado corrupción. Esa era su preocupación.
Hasta que, en setiembre, tomaron conocimiento de un nuevo colaborador eficaz, el número 011-2014, quien entregó documentada información sobre la compra de canal 25 por César Álvarez, y reveló que mensualmente Martín Belaunde acudía a dicha televisora de Chimbote para recibir S/. 20,000 de manos de ‘la Bestia’.
La mirada volvió de a pocos a Belaunde. Pero fue definitivo ese fin de semana, cuando aparecieron los primeros reportes de sus vínculos con la empresa española Antalsis. A partir de entonces todo cambió para el prófugo y el gobierno.
El factor Ramos Heredia
De pronto, el martes 18 de noviembre, en pleno remezón político, el fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia declaró que Belaunde podía acogerse a la colaboración eficaz. En el sistema anticorrupción –al que pertenece el fiscal del caso La Centralita, Marco Huamán– los fiscales anticorrupción habrían fruncido el ceño ante semejante planteamiento.
El rumor creció tanto que siete días después, el 25 de noviembre, Christian Salas tuvo que declarar que, por el contrario, el exfinancista de Humala no calificaba. Al mediodía, Figallo le enmendaba la plana al procurador, y de paso, le tomaba la posta a Ramos Heredia, quien ya no volvió a hablar más del tema.
Entonces, en la Procuraduría volvieron a sonar las alarmas y se activaron los mecanismos que habían ideado tiempo atrás, y por eso, cuando esa tarde llamó Figallo, Yeni Vilcatoma ya estaba preparada y grabó la primera comunicación.
Poco después, el lunes 1 de diciembre, dos días después de la sorpresiva publicación en El Peruano de la renuncia aceptada de Christian Salas, Vilcatoma y Joel Segura fueron convocados al despacho del ministro y volvieron a tocar el caso Belaunde y una tentativa colaboración eficaz. Allí, Vilcatoma –sin que lo supiera Segura–registró el segundo audio.
De presiones e irregularidades
Con los audios en mano, Vilcatoma esperó a que el renunciante Salas retornara de Ecuador. Cuando llegó a Lima, el 5 de diciembre, la procuradora ya había dejado en mesa de partes de Palacio el escrito en el que pedía la separación de Figallo del Ejecutivo.
Salas se reunió con ella, escuchó toda la historia de los audios y recibió una llamada de CanalN. Allí gatilló la noticia de la carta de Vilcatoma, y provocó tal remezón que esa noche Figallo y los principales procuradores del Estado fueron llamados a la casa de gobierno.
El sábado, a medianoche, en la casa de un amigo en común, se reunieron Salas, Vilcatoma, Joel Segura y el procurador adjunto Hugo Laurente, y escucharon los audios.
¿Demostraban las grabaciones que hubo presiones de Figallo a Vilcatoma? No. Eso era evidente luego de largas horas de escucha y transcripción. ¿Había correspondencia entre lo denunciado por la procuradora y el contenido de los diálogos? Tampoco.
Entonces, ¿se apresuró la procuradora al enviar su demandante carta a Humala? ¿Se equivocó al momento de interpretar las grabaciones? El caso es que para cuando Salas y compañía terminaron de escucharlas, la madrugada ya estaba avanzada, y los audios en manos del periodismo.
Sin embargo, muchos coinciden en que los audios sí manifiestan un reiterado y sutil interés del ministro por la situación de Belaunde, y sobretodo, por lograr que la Procuraduría no se oponga a su eventual reaparición como colaborador eficaz.
En esto, el Ministro parece haber fallado, pues el 4 de diciembre la Procuraduría presentó un pedido formal para prevenir esa posibilidad.
Preguntas sin resolver
Pero, más allá del audio, y pese al despido de Vilcatoma, lo cierto es que al gobierno le está resultando costoso intentar despejar obvias interrogantes.
La primera gira en torno a la presencia del consejero presidencial en la reunión del 17 de mayo, en el despacho ministerial.
Figallo ha dicho que es normal que el asesor del presidente en temas jurídicos conozca los casos judiciales de interés nacional. Es cierto. Pero, ¿lo formal y regular no hubiera sido que Figallo, como presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, escuche primero a sus procuradores, y después, acuda a Palacio a informarle al presidente?
¿Por qué tuvo que llegar Roy Gates a la oficina del ministro sin siquiera registrase en el cuaderno de visitas?
Lo concreto –dice Julio Arbizu a este portal– es que Roy no tenía por qué estar en una reunión en la que iba a tratarse el caso La Centralita, que involucra a un amigo y exfinancista de la pareja presidencial.
Y claro, Roy Gates se reúne en Palacio con procuradores y como parte de sus labores conoce algunos casos. Pero también es cierto que hay casos y casos.
Lo segundo es que hasta ahora persiste la duda de quién pidió la reunión del 17 de julio entre los dos fiscales superiores Rosario López y Gustavo Quiroz y el fiscal del caso La Centralita Marco Huamán, con el ministro Daniel Figallo.
El fiscal supremo Pablo Sánchez, en aquel entonces a cargo de la Fiscalía de la Nación por viaje de Ramos Heredia, ya negó que él lo haya coordinado. Las mejores pistas sugieren que la llamada solicitante salió el 16 de ese mes de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, pero el secretario general, Marco Carrasco Campos, les ha dicho a sus allegados que él no solicitó nada.
Ramos Heredia, quien debe una explicación, no ha dicho “esta boca es mía”. Además, Ramos debería explicar por qué se incluyó en la comitiva que fue al Minjus al fiscal Marco Huamán.
Y tercero, que Figallo declaró en Cuarto Poder que si hubiera querido torpedear el caso La Centralita, no habría nombrado procuradora a Vilcatoma, que es quien mejor conoce el tema. Hoy Vilcatoma le respondió: “no es cierto, no me quería nombrar, quería que me vaya a la Fiscalía, luego de la muerte de Nolasco yo le tuve que pedir que me nombre”.
En conclusión, es evidente que como aguerrida exfiscal del caso La Centralita, Vilcatoma asumió las funciones de procuradora como un tema personal. De hecho, en el 2012 Álvarez denostaba de ella las veces que quería, y las amenazas de muerte que recibió fueron constantes. Todo ello explicaría el desenlace de su paso por la Procuraduría.
Pero, aunque ella y Christian Salas han quedado fuera de la institución defensora del Estado, es difícil pensar en que con ello el gran aliviado sea el gobierno. Al contrario, la oposición en el Congreso irá por la cabeza de Figallo y las sospechas de que Palacio protege a Belaunde Lossio crecerán aún más. Ese es el gran costo para el Ejecutivo.
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