El pasado 22 de Octubre se demolió una histórica vivienda en la cuadra siete del jirón Huallaga, que hasta ese momento era considerada patrimonio histórico de la nación. Se trata, como afirma el portal Lima Milenaria, del primer monumento de la nación que se demuele tras la entrada en vigencia de la Ley 30230 de estímulo a la inversión privada.

Antes de la promulgación de esta ley, la condición para una demolición de esta naturaleza era una autorización del Ministerio de Cultura. Ahora, eliminada tal condición y el contexto legal que amparaba esta propiedad (y muchas otras, incluyendo todo el patrimonio histórico monumental del país), la demolición fue inmediata. Aquí la cronología, elaborada por el portal Lima Milenaria, sobre la histórica casona y su triste final.

Entre lo que podrá suceder ahora con cualquier construcción a lo largo y ancho de nuestro país está:

- Demolerla parcialmente si lo necesitan "los inversionistas"

- Demolerla completamente, en casos que no sean monumentos

- Destinarla a usos que el empresario decida darle

- Altear fachadas

- Alterar sus alturas

- Se podrá usar concreto armado, porque es más rápido y barato

En suma, podrán hacer prácticamente lo que les dé la gana con bienes históricos, porque no habrá nadie que vea el proyecto antes que lo ejecuten.

Además de esto, como menciona Lima Milenaria, dicha ley crea “procedimientos especiales” para la demarcación y traspaso de “predios” en favor de los proyectos de inversión que lo soliciten. Asimismo, establece procedimientos registrales que aseguren la prioridad de estos predios para proyectos de inversión. Los analistas advierten la preocupante ambigüedad de la ley: no define el término “predio” ni establece en qué consisten dichos “procedimientos especiales” -si se trata de confiscación o expropiación-, o si los inversionistas recibirán dichos predios en propiedad, y tampoco establece limitaciones o excepciones sobre los predios sujetos a la ley.

Una vez más la sacrosanta inversión privada prima sobre los intereses patrimoniales de la nación. Y, por supuesto, esta es solo parte del problema. No debemos olvidar que la ley afecta también los intereses de las comunidades indígenas y su constante lucha por la titulación de tierras.

Como menciona Richard Chase Smith, director del Instituto del Bien Común, en el portal El útero de Hierro: “Es ampliamente reconocido que detrás del enfrentamiento entre la policía nacional y los indígenas en la protesta de Bagua (2009) y detrás de los recientes asesinatos del dirigente Edwin Chota y sus tres compañeros está la gran inseguridad territorial. Hoy por hoy, los territorios indígenas, aun los que cuentan con título de propiedad, están más inseguros que nunca.” 

Dejar en manos de autoridades sin ningún conocimiento sobre el campo de lo histórico o lo patrimonial la decisión de cuando un monumento deja de serlo o cuando un territorio protegido puede pasar libremente a los interese comerciales, es una vulneración directa de derechos. Esos mismos que día a día se hacen más pequeños frente al delirante entusiasmo de que así y solo así, seremos un "país del primer mundo".

[Foto de portada: Alessandro Currarino]

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