Es cierto, el proyecto de ley que plantea la unión civil para personas del mismo sexo no encuentra aprobación en la mayoría de la población, y es en eso en lo que se amparan sus principales detractores para frustrar su debate en el Congreso de la República: "como la mayoría rechaza la 'unión gay', esa minoría no tiene nada que reclamar".
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Sin embargo, se debe reconocer que esa mayoría se opone en base a los prejuicios y la desinformación, alimentada con insistencia desde el fanatismo religioso. Si se pregunta a los ciudadanos que muestran su más enérgico rechazo a que dos homosexuales accedan a los mismos derechos civiles que una pareja heterosexual, uno se encuentra con respuestas repetidas que no son capaces de fundamentar. "No es natural", "Dios hizo varón y mujer", "Después van a querer adoptar niños y casarse con animales", entre otras perlas.
Y es en este escenario que las posturas adoptadas por las instituciones del Estado son importantes. Porque dado que la mayoría de la población está desinformada, se precisa de informaciones que sustenten, en base a la razón y las leyes, la necesidad de otorgarle los mismos derechos a todos los ciudadanos. Incluyendo a una minoría que durante años ha sido marginada en su acceso a la ciudadanía plena.
Esta vez, un segundo Poder del Estado se manifestó a favor del proyecto de ley presentado por Carlos Bruce en setiembre de 2013. Por medio del informe N°276-2014 firmado por el firmado por el jefe de Gabinete de la Presidencia, Mag. Magno García Chavarri, el Poder Judicial señala de forma clara que el proyecto es absolutamente constitucional, no perjudica a la sociedad y que resulta necesario proteger la diversidad de familias existentes en el país.
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Y si aún se pretendiera continuar con los argumentos de que la Unión Civil representa un 'matrimonio encubierto', este poder del Estado se encarga de señalar claramente la diferencia, tal y como la hace notar la activista Verónica Ferrari en su artículo para Empodera, citando a la vez parte del informe.
"Lo que hace la opinión favorable a la Unión Civil por parte del Poder Judicial es sacar a flote lo vetustas que son las concepciones del matrimonio hoy en día, por ejemplo, señala, 'la procreación es una característica innata de una pareja heterosexual, que no poseen las parejas homosexuales, por consiguiente, no pueden aplicarse a ellas (parejas homosexuales) las disposiciones del matrimonio relacionadas a la procreación (...) al ser la procreación una de las finalidades del matrimonio, la regulación de dicha institución en relación a este aspecto no podría ser de aplicación a una pareja homosexual; en consecuencia, la aplicación del matrimonio no puede acoger a las personas homosexuales en lo que corresponde a sus disposiciones referidas a la prole. Ahora bien, al no separarse ese aspecto de la institución del matrimonio, lo conveniente, en la misma línea de razonamiento de la propuesta legal bajo examen, es regular esa relación de pareja bajo otra institución diferente, alternativa que regule solo lo concerniente a la pareja, a la familia que se formará, en temas asistenciales y patrimoniales'".
Ahora, vale mencionar que este informe fue solicitado por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Juan Carlos Eguren. ¿Qué pretextos buscarán pone entonces los miembros de la Comisión si cada opinión que solicitan termina siendo favorable?
¿QUÉ OTRAS INSTITUCIONES HAN DADO LUZ VERDE A LA UNIÓN CIVIL?
Sistema de las Naciones Unidas en el Perú
¿Y desde el Poder Ejecutivo? No se oye, padre.
A todas estas instituciones se han sumado otras organizaciones, colectivos y figuras destacadas que se han pronunciado a favor de legalizar las uniones entre homosexuales. Sin embargo, Ollanta Humala continua teniendo miedo de hablar de la misma. Al menos así lo dio a notar en una entrevista concedida a principios de junio.
"Sí tengo una posición, no la voy a decir porque no ha entrado a debate ni siquiera en el Congreso (...) Como presidente debo guardar cierta prudencia porque si yo digo que estoy a favor o no, puede tomarse como una posición y aún este tema hay que debatirlo en nuestra bancada en el Congreso"
Es decir, Humala cree que por ser presidente no debe emitir opinión e 'interferir' en el debate. Una actitud mediocre que debería por lo menos darle vergüenza al ver los ejemplos de algunos de sus 'colegas' en otra parte del mundo que siempre fueron tajantes en sus posiciones referidas a los derechos de las personas LGTBI.
A falta de la opinión de Humala, queda la del Congreso. ¿Irá la Comisión de Justicia contra la corriente? ¿Qué mensaje querrán dar?
A estar atentos.
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