Un golpe al corazón de este caso emblemático.
Pero un puntazo para el congresista Heriberto Benítez y el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, quienes quizás ahora sientan un poco de alivio.
El documento, enviado por Nora Miraval a Carlos Ramos el jueves de la semana pasada, opina por que se formalice y continúe con la investigación preparatoria que se sigue contra los exfiscales César Jiménez Rodríguez, Javier Estrada Rodríguez, Miguel Vilca Zavala y Cristian Aceijas Silva por abuso de autoridad.
“Se debe formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra los doctores… por la presunta comisión del delito contra la administración pública – abuso de autoridad en agravio del Estado y de Heriberto Benítez Rivas, con relación a la segunda imputación: b) haber practicado la diligencia de allanamiento (autorizada judicialmente, en el marco del caso No 052-2011, para el inmueble ubicado en Urbanización La Caleta, esquina de la calle Los Cedros No 600… en parte del inmueble sobre el cual no tenía autorización judicial, esto es, en el domicilio del denunciante Heriberto Benítez Rivas (tercer piso del inmueble…)”, señala la parte decisoria del documento de 69 páginas.
Como se recuerda, el 11 de julio de 2011 un grupo de fiscales anticorrupción del Santa, dirigidos por su coordinador, César Jiménez Rodríguez, allanaron la denominada ‘La Centralita’. Lo hicieron con una resolución judicial que los autorizaba a intervenir en el inmueble “ubicado en la Urbanización La Caleta, esquina calle Los Cedros número 600, Chimbote”.
Los fiscales no ingresaron por la calle Los Cedros, sino por la puerta de la calle Los Pinos No 600. Y es que el inmueble estaba ubicado en una esquina y tenía dos puertas de acceso. La de la calle Los Cedros permitía el acceso a oficinas ubicadas en el primer piso, y la de la calle Los Pinos, a los ambientes de los pisos segundo y tercero. En este último se encontraba el departamento de Benítez Rivas.
A FAVOR DE HERIBERTO BENÍTEZ
Pese a que el juez penal del Santa que autorizó la diligencia, Richard Concepción Carhuancho, ha dicho que él suscribió la orden para allanar “todo el inmueble”, Control Interno de la Fiscalía señala que los cuatro fiscales del Santa debieron ser precisos en su solicitud.
“Los fiscales denunciados lograron advertir que los ambientes a donde ingresaban se trataban de habitaciones alquiladas, que constituían domicilios (…) pese a carecer de autorización judicial sobre los domicilios inexistentes en el interior del inmueble allanado, los fiscales denunciados, abusando de sus facultades otorgadas por ley, continuaron con la intromisión de espacios físicos e íntimos (domicilio) de los demás inquilinos, entre ellos, el del denunciante Heriberto Benítez Rivas”, dice en la página 55 de su informe Nora Miraval.
A ello se suma el hecho de que las pesquisas posteriores contra los cuatro fiscales arrojaran que la dirección “Los Cedros No 600” no existe. La numeración era otra. Sin embargo, lo que no reconoce la Fiscalía Suprema de Control Interno es que, pese al error, el objetivo sí era el inmueble que finalmente se allanó.
“Es que una cosa es un error material al momento de elaborar el acta, y otra es irrumpir en un inmueble distinto al que han autorizado, y eso no se ve en este caso. Lo que ha debido tener en cuenta la Fiscalía de Control Interno es la primacía de realidad sobre la formalidad, que es una regla del Derecho Procesal Penal”, cuestiona el procurador público Anticorrupción, Christian Salas.
El defensor del Estado lamenta que esta decisión favorezca a la defensa del congresista Heriberto Benitez. Precisamente, una de las razones por las que el Legislativo decidirá si le levanta o no la inmunidad a este parlamentario es su presunta irrupción irregular en la diligencia de allanamiento.
“La Fiscalía de Control Interno está viendo el tema de las divisiones internas del inmueble, pero eso es una exageración, un restrictivo de lo que es un allanamiento. En ese inmueble, independientemente de cuántas habitaciones había, se estaba realizando supuestas actividades ilícitas. Y Control Interno lo evalúa desde un solo lado, el de los inquilinos, pero no desde la visión del fiscal, quien ve cables sueltos, cosas removidas, y entonces, prosigue con la diligencia para ver si lo removido está oculto en otros ambientes”, señala Salas.
Ahora, el paso siguiente en este proceso de control interno contra los fiscales que osaron ingresar al “búnker” de César Álvarez es que el expediente legue al despacho del fiscal de la Nación.
Pero Carlos Ramos no debería ver nuevamente el caso porque ya lo hizo como jefe de Control Interno y tomó posición en desmedro de los exmagistrados. Tampoco debería verlo José Peláez Bardales, quien como fiscal de la Nación despidió a los referidos fiscales.
Entonces, solo quedarían en el “bolo” los fiscales supremos Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalos Rivera, quien a inicios de año votó a favor de Ramos Heredia como nuevo mandamás del Ministerio Público.
Ahora se explicaría por qué el interés del fiscal de la Nación en convocar esta mañana al periodismo para anunciar que acudiría a la citación que le extendió semanas atrás la Comisión Áncash. Parece haberlo hecho con la confianza de haber recibido en sus manos, por fin, el informe de Nora Miraval.
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