"Mientras se debatía otro punto que me hizo salir varias veces de mi escaño, encontré en éste un sobre cerrado". 

Así se inicia el testimonio de parte que Henry Pease, en su libro "Remando a contracorriente", entrega sobre su papel en la lucha por conformar una comisión parlamentaria para investigar el secuestro y desaparición de 9 estudiantes y un profesor universitario, ocurrido en julio de 1992.

El 2 de abril de 1993, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Constituyente Democrático -nacido luego del golpe, un año atrás- había llevado al Pleno el caso de los desaparecidos de la Universidad La Cantuta, solicitando la formación de una comisión investigadora. Eran los tiempos en que la bancada de Martha Chávez esgrimía que los estudiantes se habían "escapado con las enamoradas" o se habían "autosecuestrado". 

De acuerdo a Aprodeh-Asociacion Pro Derechos Humanos, "Esa iniciativa no hubiera prosperado –debido al masivo rechazo de la mayoría fujimorista, que protegía a los autores del crimen- si es que el congresista izquierdista Henry Pease no leía sorpresivamente un documento"[1].

El documento estaba rotulado “La captura y la ejecución extrajudicial de un profesor y diez estudiantes de la Universidad Enrique Guzmán y Valle". Según cuenta Pease en su libro de 1995, se trataba de "un documento sin firma pero con un sello de COMACA, sigla correspondiente a una agrupación clandestina de oficiales del Ejército que, creo, significa "'comandantes, mayores y capitanes'". 

"Dediqué el resto de la mañana a averiguar sobre la coherencia interna del documento, formalidades respecto a cargos, nombres, así como funciones ordinarias de los cargos. Confronté la información con lo que ya había sido publicado y era evidente que era algo más que un simple anónimo -detalla Pease. "Daba los indicios necesarios para una investigación pero, además, por su contundencia, suponía que obligaría a formar la comisión investigadora", concluyó entonces.

"Fujimori había cerrado el Congreso hacía ya un año y el CCD que se había elegido estaba conformado mayoritariamente por fujimoristas. En ese contexto, era muy difícil que se apruebe la conformación de una comisión (...) Y eso lo sabía Pease cuando recibió el anónimo", explica Jonatan Castro, uno de los periodistas responsables del documental "En la boca del diablo", película de Amanda Gonzáles que reconstruye la investigación periodística tras el hallazgo de las fosas de La Cantuta.

Despertar en otra vida

"En la sesión de la tarde, tras almorzar con mis compañeros de bancada y decidirlo juntos, evaluando riesgos y posibilidades, planteé una cuestión de orden y leí el documento", prosigue Pease sobre el desarrollo de la sesión parlamentaria. "Allí se denunciaba el crimen de La Cantuta con pelos y señales, cómo los sacaron, dónde los llevaron, cómo los mataron, dónde los enterraron, cómo luego los desenterraron y cambiaron de lugar, etc."   

Raida Cóndor, madre de Armando Amaro, uno de los estudiantes desaparecidos, también recuerda bien ese día: 

"El congresista Carlos Cuaresma había conseguido pases para algunos de nosotros en las galerías del Congreso. Allí estaba Rosario Muñoz, la hermana del profesor Hugo Muñoz. Yo iba con Gisela [Ortiz] camino a la galería mientras el congresista Pease leía el documento, de modo que no me enteré de su contenido sino hasta cuando llegué allí y Gisela me dijo «abajo están diciendo que los han asesinado». Eso mismo había oído Rosario. Las tres lloramos sin consuelo. Creo que si hubiera escuchado lo que decía el documento me hubiera muerto allí mismo". [2]

En una escena de "En la boca del diablo", Pease le cuenta al periodista Edmundo Cruz que mientras leía el documento "escuchaba llantos gritos... ellos [los familiares] estaban reclamando al congreso que se forme una comisión investigadora. Fue una tensión espantosa en todo el pleno".

“Creo que desperté en otra vida después de lo que dijo Pease”.
Raida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor, estudiante desaparecido de La Cantuta. 

Remando contra la mayoría fujimorista

Para lograr que el Pleno aprobara la investigación solicitada por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, la información debía presentarse de inmediato, pero con cuidado. Y eso fue lo que hizo Pease:

"No mencioné nombre ni grado de ninguna persona. Ni siquiera indiqué cuál era la institución a la que pertenecía. Afirmé 'una fuerza del orden"', pero expuse los hechos denunciados. Tampoco di la identidad de los autores del documento, cuyo anonimato hubiera descartado la investigación aunque no lo era, tenía el sello de una organización clandestina que a todas luces existía en el Ejército y era conocida por sus hechos y denuncias, no pos sus componentes. Si estos aparecían serían de inmediato expulsados, juzgados y presos, por lo menos. Sostuve que sólo entregaría el documento al Presidente de la Comisión Investigadora, quien fuera. Eso presuponía que la nombraran y eso se logró" 

La Comisión Investigadora aprobada por el Pleno en medio del aturdimiento del oficialismo decidió convocar a declarar al jefe del comando conjunto de las Fuerzas Nicolás Hermoza Ríos, el asesor Vladimiro Montesinos Torres, los ministros de Defensa y del Interior, el jefe de la Dirección de Fuerzas Especiales, Luis Pérez Documet y el Jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ejército, Juan Rivero Lazo.

"Fue la única comisión investigadora sobre un hecho grave de este gobierno que le arrancamos a la mayoría, la única en que tres congresistas de oposición eran mayoría en la comisión y cuya presidencia recayó en el decano de los parlamentarios Róger Cáceres Velásquez", recuerda Pease en su relato.

Para Aprodeh, que se estableciera esta comisión investigadora fue "el primer logro en la larga lucha de los familiares. Por primera vez conseguían que se iniciara realmente una investigación. Era el resultado de su insistencia de meses para que ella se realizara, de su porfía para que se interpelara seriamente a quienes debían responder por lo ocurrido, de su empeño por encontrar la verdad" [3]. La formación de la comisión agitó las aguas. el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza sacó los tanques a las calles, en un desfile al que antecedió un pronunciamiento de Fujimori brindándole su "total respaldo" y su reconocimiento a las heróicas Fuerzas Armadas por su "combate contra la subversión". Pero eso no fue lo único que ocurrió.

"Frente al temor de que fueran descubiertas las pruebas del delito, el grupo Colina y la cadena de mando a la que respondían deciden desenterrar por segunda vez los restos de los desaparecidos de La Cantuta. Esto se ejecuta luego de la denuncia de Henry Pease", reportaría Edmundo Cruz en su contundente reconstrucción de los hechos para el diario La República, quince años después de la masacre. 

Esos restos fueron incinerados y enterrados apuradamente en un paraje de la quebrada Chavilca, al este de Lima.

"Esta tercera profanación de cuerpos se lleva a cabo en el mismo mes de abril, a la vista de un testigo de excepción, Juan Arizapana, un reciclador de basura que en una madrugada de ese mes vio a un grupo de extraños cargados de cajas de cartón ingresar al basurero de Cieneguilla", detalla Cruz.

La verdad de las fosas empieza allí, sigue con las denuncias del equipo de la revista Sí, con la terquedad y el valor de los familiares de los desaparecidos, y lleva a Alberto Fujimori a la cárcel, aunque eso ocurriría muchos, muchos años después. 

Un protagonismo no buscado

"Me tocó un protagonismo no buscado que abrió paso a la comisión investigadora dirigida por la oposición y terminó, previa aparición de los restos y notable acción de la prensa, en la condena de los criminales. Obligó luego a la amnistía, denunciando el carácter del régimen", reflexionaba Pease en "Remando a contracorriente".

El detalle con el que Pease narra la sucesión de acontecimientos y decisiones que se procesaron en el Congreso, así como las maniobras de la mayoría para impedir las investigaciones, tiene un objetivo más allá de la mera memoria. El empeño de Pease es explicar, a través del caso La Cantuta, el funcionamiento del régimen de Fujimori.

El que se formara la comisión investigadora -que a la distancia valoramos como un hito en la lucha por los derechos humanos en Perú- es presentado por Pease como un tremendo revés político para la robusta mayoría congresal y un misil contra las Fuerzas Armadas. Al narrar, apenas a un par de años de los hechos, este punto de inflexión en la lucha de los familiares de La Cantuta, Pease muestra cómo las reacciones de la mayoría parlamentaria, de las fuerzas armadas, y del propio Fujimori, fueron la más clara evidencia del carácter cívico-militar del régimen.

En una entrevista reciente, refiriéndose a esa época, Pease dijo que "lo único que se podía hacer era escándalos. Yo lo hice, porque llevé el caso La Cantuta, que lo querían llevar al archivo. Se formó la primera comisión investigadora, y luego pasó lo que ya todos conocen".

[1] [2] y [3] Citas tomadas de Podrán matar las flores, pero nunca las Cantutas. Los familiares del caso La Cantuta: Actores en el proceso de búsqueda de verdad y justicia. Aprodeh, 2008.

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