Para Ana Leyva, abogada de Fedepaz, es cuestionable la falta de rigurosidad con la que se evaluó y fue aprobado el denominado 'paquetazo Castilla' por la comisión de Economía del Congreso de la República.  

En una columna de opinión publicada en el diario La Primera, Leyva brinda algunos alcances de bajo qué sustentos se aprobó este paquete de medidas económicas que el Ejecutivo presentó para hacerle frente a la desaceleración económica en el país. A continuación les compartimos la columna de opinión:

¿Qué hay detrás de las medidas de reactivación propuestas por el Poder Ejecutivo?

La justificación económica del paquete de medidas en el proyecto de ley es muy escueta. Señala que la economía mundial presenta “menores precios de materias primas, mayores costos financieros y un menor crecimiento de las economías emergentes”. Como Perú exporta materias primas, considera que este contexto lo afectará en el ritmo de su crecimiento económico. Señalando que este podría ser menor en 2 puntos porcentuales al registrado entre 2003-2011. 

Para afrontar este contexto se propone a corto plazo, una política económica por el lado de la demanda, consistente en un impulso fiscal expansivo; y a mediano plazo, por el lado de la oferta, apuntalar el crecimiento a través de la agilización de la inversión.

Casi al finalizar esta primera parte, vuelve al diagnóstico y señala, de manera muy general, que el bajo crecimiento, “en parte transitorio”, del primer trimestre de 2014 se debe a la crisis internacional y a “factores estructurales como el aumento de costos para hacer negocios (referidos a permisos)”.

Inmediatamente después sustenta tal afirmación en una encuesta realizada entre el 21 y 24 de abril “a más de 280 empresas clientes de APOYO consultora”, en la que “el 50% de los encuestados consideraba que la facilidad para hacer negocios había empeorado respecto de hace cinco años”.

Como se puede verificar, los supuestos factores internos de la caída del crecimiento económico no son mencionados, salvo el “aumento de costos para hacer negocios”, y sobre este la única evidencia que se cita es una encuesta, de la que tampoco se dice mucho. Dos párrafos, de 7 y 3 líneas, sin mayores datos, son la justificación económica de un paquete de reformas sustanciales en la regulación del Estado (tributación, institucionalidad ambiental, saneamiento físico legal, régimen de contrataciones, etc.).

Nos preguntamos: ¿cómo una argumentación tan superficial y poco técnica puede haber convencido a la Comisión de Economía del Congreso de la República a darle su respaldo? Nos resistimos a pensar que los asesores del Congreso en esta materia no hayan advertido tales problemas en la fundamentación de las medidas ¿Qué ocurrió? Todo parece indicar que el lobby político de las empresas beneficiadas con las medidas habría sido la razón de ese respaldo. Esta situación nos deja a los ciudadanos la sensación de una desprotección muy grande frente a grupos con poder económico. ¿Y ahora, quién nos podrá defender?

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