Esta semana, el expresidente Alan García pidió ante la prensa pena de muerte para delincuentes, mientras comentaba el asesinato del hijo del alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos.

"Cuando llegué al gobierno propuse ante el Congreso que actuáramos firmemente y hasta con la pena de muerte para el caso de los violadores y raptores de niños. Lamentablemente, la politiquería y el querer quedar bien con las academias de Derecho hizo que el Parlamento no se atreviera a ver este tema”, declaró a la prensa el líder del APRA.

Cabe recordar que la adopción de la pena de muerte en el Perú requeriría una modificación constitucional, además de retirar nuestra suscripción a convenios internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Americana de Derechos Humanos. No obstante, el APRA respalda al ex mandatario: entrevistado en Canal N, el secretario general del partido, Jorge del Castillo se mostró a favor de la adopción de este medida en el país.

A la vez, el APRA ha intentado mostrarse como defensor de la democracia y los derechos humanos de cara a la actual coyuntura venezolana. Su líder, Alan García, ha repudiado la violencia en ese país, donde al menos han muerto 3 personas durante las manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro. 

En la misma entrevista en Canal N, Jorge del Castillo afirma que su partido es defensor histórico de la democracia y los derechos humanos. 

El historial negativo del APRA en el respeto de las movilizaciones democráticas, y en la causa de los derechos humanos, es largo. Durante el último gobierno de Alan García, murieron 24 policías y 10 civiles en el llamado "Baguazo" durante el paro amazónico contra un paquete legal destinado a facilitar el ingreso de capitales privados a territorios indígenas. Durante su primer gobierno, se produjo la "matanza de los penales", donde fallecieron cerca de 300 personas. Y aún hoy se busca justicia por los crímenes del comando paramilitar "Rodrigo Franco", que actuó en la sombra durante el primer gobierno aprista. Muchas cuentas pendientes como para declararse "históricos defensores de los derechos humanos".