La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos solicitó impedimento de salida del país para la aprista Luciana León, acusada de ser el ‘brazo político-legal’ de la organización criminal 'Los intocables ediles', que encabezaba el exalcalde de La Victoria Elías Cuba.

En el oficio en el que realiza la solicitud, el cual cita El Comercio, la actual titular del Ministerio Público señala que "se imponga la medida restrictiva de impedimento de salida del país por el plazo de 36 meses a la investigada Luciana Milagros León Romero". 

"La Corte Suprema de Justicia ha establecido que la prerrogativa de antejuicio político que gozan los altos funcionarios no impide la aplicación de medidas limitativas que restrinjan sus derechos", agrega el documento.

El requerimiento para la exlegisladora aprista fue recibido este miércoles por en la tarde por la mesa de partes del Poder Judicial, que será evaluado este viernes por el juez Supremo de Investigación Preparatoria, Hugo Núñez Julca.

León Romero es investigada por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, peculado y organización criminal. En el pedido, Ávalos revela un hecho desconocido hasta hoy: que el 28 de enero, su despacho decidió que la aprista pase a tener la condición de investigada como presunta integrante de Los intocables ediles.

Según la investigación fiscal, la actual integrante de la Comisión Permanente del Congreso disuelto habría recibido entre S/15 mil y S/20 mil mensuales por sus gestiones a favor de la organización ante al menos cuatro ministerios para que logre obras públicas.

En la disposición fiscal firmada por Ávalos se señala también que existen "nuevos elementos de convicción que evidencian la presunta comisión de delitos [contra la administración pública-peculado doloso] atribuidos" a Luciana León "en el ejercicio de su función".

El oficio cita dos licitaciones públicas en concreto. La primera es para obras de "Mejoramiento del entorno urbano del Jr. 03 de Febrero", por casi S/6 millones, y la segunda se refiere al "Mejoramiento del entorno urbano del Jr. Hipólito Unanue", la cual se logró gracias al financiamiento de la cartera de Transportes.

El contrato de ese última obra fue más de S/12 millones y se adjudicó al consorcio Hipólito Unanue I, integrada por Fussa Group S.A.C, cuyo gerente general fue Juan Peña, hermano de Alexander Peña, sindicado financista de 'Los intocables ediles'.

Un nuevo hecho que incluye el despacho de la fiscal Ávalos es el denominado caso de los ‘trabajadores fantasmas’, que data del 2017. Ahí se menciona los nombres de Ricardo Zeta Silva, Ana María Ayala Díaz y Albert Carranza Mosqueira. "El dinero correspondiente a sus haberes era entregado a León en sobres chicos amarillos con logo del Congreso", señala.

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