La violencia social escala. Dos personas murieron la noche de este miércoles en Bolivia en medio de un violento enfrentamiento entre manifestantes opositores y oficialistas en la ciudad de Montero, a 60 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra.
Se trata de las primeras víctimas mortales producto choques que se registran a diario en el país desde hace una semana, entre grupos que intentan mantener las ciudades paralizadas y movilizadas, para protestar contra los resultados de las elecciones del 20 de octubre, que dieron como ganador en primera vuelta a Evo Moraales, y grupos que, enarbolando las banderas oficialistas, rompen e impiden los bloqueos.
Los enfrentamientos ya dejan decenas de heridos por pedradas y golpes, algunos de ellos graves; en tanto, Mario Salvatierra, de 60 años, y Marcelo Terrazas, de 48, murieron por armas de fuego, informó el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero.
El funcionario culpó de los hechos violento al candidato opositor, Carlos Mesa, y a la dirigencia del Comité Cívico de Santa Cruz, que rechazan el resultado electoral y denuncia un fraude, por lo que piden la anulación de los comicios. "Lo que está sucediendo en Santa Cruz, en Cochabamba (centro), la situación es gravísima", señaló el ministro.
"Estos muertos del pueblo lo responsabilizamos a la dirigencia cívica y al señor Carlos Mesa, porque hemos venido diciendo insistentemente que estaban queriendo muertos; muy bien, hoy día lograron sus muertos y esto lo vamos a denunciar ante los organismos internacionales".
Ante de que se confirmen los decesos, el ministro de la Comunicación, Manuel Canelas, había llamado a la oposición a encontrar una solución política a la crisis, mientras que Mesa decidió rechazar la invitación gubernamental a participar de la auditoría de las elecciones que comenzará este jueves un equipo de especialistas de la Organización de Estados Americanos (OEA), en virtud de un acuerdo entre este organismo y el Gobierno boliviano.
Para el líder opositor, los términos en los que esta auditoría se desarrollará fueron pactados de forma unilateral, al tiempo que culpó al Gobierno, que moviliza a sus bases en contra de los bloqueos, por el incremento de la violencia.
La cuestión de quiénes fueron las víctimas y quiénes los autores de los disparos que acabaron con sus vidas se torna ahora gran importancia en la polarizada situación boliviana.
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