El juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, reprogramó la audiencia de requerimiento fiscal de prisión preventiva por 36 meses contra 16 árbitros investigados por un supuesto favorecimiento a la empresa brasileña Odebrecht.

La diligencia se realizará ahora el martes 29 de octubre a las 9:00 horas, con la finalidad de garantizar el derecho de defensa e igualdad para las partes, explicó el magistrado.

Millones bajo sospecha

La suma de los depósitos bajo investigación fiscal alcanza los US$5.222.523, de acuerdo con El Comercio, monto que incluiría dinero en efectivo y honorarios por encima del precio referencial de la Cámara de Comercio de Lima.

La tesis del Ministerio Público señala que la constructora brasileña sobornó a los árbitros para que fallen a su favor en 26 controversias que tenía con el Estado por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, la Interoceánica Norte, el proyecto del Río Santa, la carretera San José de Sisa y la carretera Carhuaz-San Luis. 

El último martes 22, el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, pidió que se dicte la medida de restricción contra los siguientes abogados: Mario Castillo Freyre, Randol Campos Flores, Luis Pardo Narváez, Richard Martín Tirado, Weyden García Rojas, Luis Pebe Romero, Emilio Cassina Rivas, Alejandro Álvarez Pedroza, Ramiro Rivera Reyes y Franz Kundmüller Caminiti. La lista la completan Fernando Cantuarias Salaverry, Marcos Espinoza Rimachi, Alfredo Zapata Velasco, Daniel Linares Prado, Emilio Cassina Ramón y Humberto Abanto

De otro lado, también se solicitó medida de comparecencia restringida e impedimento de salida del país en contra de los investigados Horacio Cánepa Torre, Celso Gamarra Roig, Sergio Calderón Rossi y Héctor García Briones. El requerimiento contra todos los mencionados también implica que se solicite la suspensión de derechos en sus ejercicios como funcionarios del Estado Peruano y/o de realizar actividades como árbitros o secretarios arbitrales.

Cánepa, árbitro y militante en proceso de suspensión del Partido Popular Cristiano, habría sido el principal operador de Odebrecht en estos procesos, ya que participó en 18 controversias investigadas entre la empresa brasileña y el Estado peruano, y habría recibido US$2.6 millones en pagos ilícitos.

Tras conocer el pedido fiscal, Humberto Abanto, actual abogado del investigado en el caso de Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, afirmó que la medida solicitada “tiene más que ver con la animadversión y la pasión de esta gente [Equipo Especial] que pretende alcanzar una prisión preventiva”. De acuerdo al Ministerio Público, Abanto habría solicitado un bono de éxito 106 000 dólares a cambio de influenciar su voto en un laudo por la carretera Interoceánica Norte.

Menos de 12 horas de conocerse el requerimiento del Ministerio Público, el abogado Alejandro Álvarez Pedroza salió del país rumbo a Estados Unidos. Según información de El Comercio, Álvarez partió en el vuelo 1558 de American Airlines con destino a Miami, debido a que no cuenta con impedimento de salida de país.

Odebrecht reconoció, la semana pasada, ante el Equipo Especial Lava Jato, actos ilícitos alrededor de los arbitrajes que le ganó al Estado peruano. Si bien Odebrecht venía colaborando desde junio con el fiscal Germán Juárez a cargo de la pesquisa, recién hace una días firmó un acta de culpabilidad en ocho proyectos en los que admitió el pago de sobornos. 

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