"No me aferro a ningún cargo, solo me aferro a la Constitución", repitió varias veces el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, para referirse al proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo para adelantar las elecciones generales al 2020, pero como suele ocurrir en política, en este caso parece que no existe correlación entre lo que se dice y lo que se hace.
El viernes 16 de agosto, reveló El Comercio, Olaechea le solicitó una opinión a la Comisión Europea para la Democracia, órgano consultivo del Consejo de Europa, respecto a la iniciativa del presidente Martín Vizcarra para acortar su mandato y el de los congresistas, como una salida a la crisis provocada por el entrampamiento político que hay entre los dos poderes del Estado y que impide que se pongan de acuerdo en torno a asuntos cruciales para el país.
En su misiva, remitida al italiano Gianni Buquicchio, el actual presidente de esta instancia a la que suelen recurrir entes como la OEA por consultas en materia constitucional, el jefe del Parlamento peruano también expresa su preocupación ante la posibilidad de que Vizcarra vuelva a pedir una cuestión de confianza para forzar al Legislativo a que debata la citada reforma constitucional.
El jefe de Estado peruano no ha descartado que recurra a este mecanismo otra vez, porque como ocurrió con las reformas judicial y política planteadas por su gobierno, la mayoría fujimorista ─que puso a Pedro Olaechea en la presidencia del Congreso─ no ha mostrado interés en abordar la propuesta. De hecho, varios de sus miembros no han ocultado su rechazo a la misma y dicen que la única salida a la crisis es que Vizcarra renuncie.
En su carta, Olaechea pide que la también llamada "Comisión de Venecia", que el Perú integra con otros 63 países, la mayoría de Europa, desde el 2009, precise si "los principios democráticos de separación de poderes y de pesos y contrapesos entre los mismos están siendo observados" en nuestro país.
El titular del Parlamento peruano también alega en el documento que le "preocupa que el Poder Ejecutivo recurra nuevamente a la cuestión de confianza para forzar" la aprobación del adelanto de elecciones. Este mecanismo abre la posibilidad del cierre constitucional del Congreso en caso la confianza sea denegada.
Además, Oleachea recuerda que ya el 24 de junio pasado la legisladora fujimorista Rosa Bartra informó al grupo consultivo europeo respecto de un posible "conflicto de competencias" entre el Ejecutivo y el Legislativo, después de que el gobierno presentó la cuestión de confianza por los proyectos de ley de reforma política, el 4 de junio.
El su misiva, el titular del Congreso alega que el "enfrentamiento" sigue y remarca que la aprobación de ese paquete de proyectos debía darse en un plazo que dio el Ejecutivo, "bajo amenaza de disponer la disolución del Congreso". Olaechea anota que luego Vizcarra presentó su proyecto para adelantar las elecciones del 2020, "lo cual no está contemplado en nuestra Constitución".
En efecto, el presidente Vizcarra no ha ocultado que el cierre del Legislativo es un escenario probable, al comentar que tampoco lo es su vacancia, que ya algunos sectores del Congreso buscan. "Que la propongan", sostuvo esta semana en una entrevista con Semana Económica, ad portas de un nuevo intento de diálogo con Oleachea, pero advirtió que el adelanto de elecciones no es negociable.
El jefe de Estado está abierto a escuchar propuestas de los congresistas para una salida negociada a la crisis política, sin renunciar a que se acorte el mandato del Ejecutivo y el Legislativo. Una posibilidad podría pasar por plantear dos pequeñas legislaturas dentro de la actual, que va hasta diciembre, y aprobar el adelanto de elecciones, pero sin referéndum, pero lo que no tolerará es otra mecida, como pasó con las reforma política.
"En el caso del diálogo que se ha intentado en varias oportunidades, en estos tres años, todos podemos ver los resultados. Hemos tenido en los tres años de este gobierno una vacancia al presidente Kuczynski —frustrada, porque no alcanzaron los votos—, un segundo proceso de vacancia que obligó y presionó a la renuncia del presidente, una censura de todo el gabinete —que es la primera confianza— y muchas interpelaciones a ministros. Hemos hecho en este proceso de reforma judicial y del sistema político proyectos muy bien elaborados, asistidos por especialistas a través de comisiones, pero luego el Congreso lo analiza y muchos se han distorsionado".
Las dudas del mandatario ante este nuevo intento de poder lograr consensos con el Congreso son legítimas. Y la preocupación de Olaechea y compañía por perder sus curules están fundadas. La situación parece haber llegado a un punto de inflexión.
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