En medio de la arremetida en el Congreso contra el equipo especial del Ministerio Público, que va desde el reiterado blindaje al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry hasta un proyecto de ley que plantea destituir a los fiscales que filtren información reservada, desde Brasil llega una información que confirma que el grupo que lidera el fiscal Rafael Vela Barba está haciendo bien su trabajo.
Según un estudio del capítulo brasileño de Transparencia Internacional (TI), Perú es el país que más información requirió a las autoridades del gigante de la región por el Caso Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción de la historia en América Latina, fenómeno descrito por ese organismo como "el abuso de altos niveles de poder que beneficia a pocos a las costas de la mayoría y causa daños profundos y diseminados a individuos y a la sociedad. Y por lo general queda impune".
Con 68 solicitudes de cooperación internacional en los últimos dos años, el equipo especial de Vela Barba, José Domingo Pérez y compañía, encabeza un ranking de nueve países de la región. Entre 2017 y 2018, entre Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela enviaron en total 118 solicitudes de cooperación a las autoridades brasileñas.
Pero es en nuestro país donde más han avanzado las investigaciones por la trama corrupta de constructoras brasileñas como Odebrecht o OAS, que ha implicado a los últimos cuatro presidentes peruanos (Alejandro Toledo, Alan García ─ que se suicidó para no ser detenido─, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski) y a los principales líderes del país, de todo color político, como Keiko Fujimori o Susana Villarán.
Por ello, Transparencia Internacional destaca el trabajo que adelanta la justicia peruana en este caso. El estudio señala que en 2017, cuando estalló la trama corrupta de Lava Jato en Perú, la fiscalía remitió a Brasil 18 requerimientos de cooperación internacional y los pedidos se dispararon en 2018, al alcanzar los 50.
Entre la información recabada con estos pedidos hay testimonios, copias de las declaraciones prestadas, localizaciones, búsqueda de documentación, secreto de las comunicaciones de números telefónicos, información de correos electrónicos y de sistemas, entre otros. El equipo especial además logró cerrar un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y sus ejecutivos, mientras que está cerca de cerrar otro con OAS.
Pero el equipo especial, desde su creación, también envió asistencias judiciales a 18 países, sobre todo de América y Europa, pero es Brasil en donde está la mayor cantidad de información y donde se centralizan las investigaciones del caso. "Por ello, un indicador importante de la buena marcha de estos trabajos es justamente la cantidad y el tipo de solicitaciones que se han hecho a este país (Brasil)", dijo el consultor senior de Transparencia Internacional Brasil, Fabiano Angélico.
El reporte de TI también señala que en un informe del Ministerio Público Federal brasileño, de enero de 2019, dice que Perú era uno de los países con los que Brasil negocia la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI). Los otros dos países latinoamericanos de la lista son Panamá y Argentina, con 18 y 12 pedidos de información, respectivamente.
En la otra cara de la moneda están Guatemala y Venezuela, que han enviado solo un pedido de información cada uno. "Lo que revela el bajísimo nivel de actividad investigativa y, por lo tanto, un riesgo real de impunidad para los graves delitos revelados por la Operación Lava Jato en estos países", remarcó TI de Brasil.
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