En medio de las críticas que surgieron a su interpelación en el Congreso, debido a el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, se animó a responder a la última pregunta que tenía el pliego interpelatorio.  La interrogante apuntaba a conocer las razones por las que aún no se había escogido al abogado que representaría al Estado peruano en el proceso de extradición de Alejandro Toledo, en EEUU. 

El exmandatario se fue al país norteamericano para evitar ser encarcelado, tras la orden de prisión preventiva dictada en su contra por presuntamente haber recibido más de US$ 20 millones de Odebrecht a cambio de la carretera Interoceánica Sur.

Zeballos, con intención de zanjar el tema, confirmó que el estudio de abogados elegido era Foley Hoag LLP, con sede en EEUU. En diálogo con RPP, aclaró que el pasado 2 de febrero se autorizó la contratación de los servicios de esta firma por un plazo dos años para coadyuvar a la defensa del Estado peruano en el proceso de extradición contra el exmandatario. Agregó que el primer informe situacional sobre lo avanzado en el proceso contra Toledo se dará el próximo 15 de abril.

LaMula.pe pudo corroborar en la web de Foley Hoag LLP que este estudio tiene como cliente al fondo de inversiones canadiense Brookfield Asset Management, socio estratégico de Odebrecht en Perú y Brasil. El estudio estadounidense no solo ejerce la defensa de Brookfield y sus empresas subsidiarias, sino que los favorece también a través de lobbies en EEUU. El último servicio prestado para el socio de Odebrecht lo realizó en enero de este año, según la información de 'lobbystas' del estado de Massachusetts. 

lobbies

Brookfield y Odebrecht 

Brookfield, con sede en Canadá pero de origen brasileño, tomó protagonismo cuando Odebrecht quedó inhabilitado de participar en nuevos proyectos tras estallar el caso Lava Jato, en diciembre de 2016. Debido al escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica, sus funcionarios apresados debían someterse a un proceso de colaboración eficaz para evitar en lo posible las reparaciones que debían pagar a las naciones afectadas. Además la crisis se acentuaba conforme se quedaban sin crédito para continuar con los proyectos que tenían a su cargo. Fue entonces que Odebrecht decidió poner a la venta sus acciones.

En Perú, la compañía brasileña acordó venderle a Brookfield el 57% de la operación de la concesión vial Rutas de Lima, que tenía a su cargo la mejora y conservación de tramos de la Panamericana Sur, la Panamericana Norte y la autopista Ramiro Prialé. Odebrecht, que se quedó con 25% del proyecto, firmó en 2013 una adenda del contrato con la Municipalidad de Lima con la finalidad de administrar el cobro de peajes de estas vías por 30 años. Pese a la venta de sus activos, los ejecutivos de Odebrecht ─incluido su representante en el país, Jorge Barata─ se mantuvieron en los altos cargo de la concesión. Esto confirmaría, según un informe de Perú21, que la constructora mantuvo el control de Rutas de Lima.

A finales del 2017, Odebrecht Latinvest acordó la venta del 100% de H2Olmos S.A. y de Concesionaria Trasvase Olmos S.A., sus dos concesiones en el proyecto Olmos de manera conjunta, a Brookfield y a Suez, operador global de proyectos de infraestructura hídrica. Sin embargo, la venta por un total de US$ 140 millones no se pudo concretar. El contrato perdió validez debido al congelamiento de activos por parte del Ministerio de Justicia. Según los lineamientos de aplicación del DU 003, el monto que reciba Odebrecht por la transacción debía ser retenido a fin de cubrir la reparación civil al Estado peruano por los sobornos que pagó en Perú.

El mismo decreto de urgencia también evitó que el fondo canadiense llegue a un acuerdo con Odebrecht para la compra del 50% del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Pese a que el exministro de Economía, Alfredo Thorne, ya había confirmado la transacción, esta no se concretó. “Hemos llegado a un acuerdo el viernes, está en buen camino. [Brookfield] está aceptando la cláusula anticorrupción. Es una gran empresa. Techint se mantendría en la parte de construcción, son expertos en tuberías. Y Graña y Montero se mantiene, y también se mantiene Enagás”, aseguró en declaraciones a Canal N.

Thorne ratificó por ese entonces que la empresa aceptó la cláusula anticorrupción que está incluida en el contrato de concesión del proyecto. Esta cláusula fue uno de los motivos que impidió que la participación de Odebrecht en el Gasoducto Sur Peruano sea vendida al consorcio Sempra-Techint. En entrevista con Gestión, Pedro Pablo kuczynski (PPK) señaló que, pese a la alta probabilidad de la existencia de prácticas corruptas en el proceso de licitación del GSP, esperaba que Odebrecht logre vender su participación en este proyecto con Brookfield.

El fondo canadiense fue clave para la supervivencia de la constructora durante la crisis que significó el caso Lava Jato. A mediados del 2017, ambas concretaron la transferencia del 70% de Odebrecht Ambiental, una filial del grupo brasileño que administra concesiones en el área de saneamiento de aguas residuales más grande de Brasil, por una inversión total de US$ 908 millones. Odebrecht anunció luego a través de un comunicado que usará los recursos obtenidos con la venta para "la ejecución de un plano de reestructuración empresarial" y la "recuperación progresiva de todos sus negocios".

A Brookfield también se le ha vinculado con AC Capitales SAFI, el brazo financiero del Grupo Apoyo, por gestionar el Fondo de Infraestructura de la firma canadiense en Perú desde 2010 al 2014. Felipe Ortiz de Zeballos, fundador del Grupo Apoyo y exconsejero presidencial 'ad honorem' de PPK, descartó que existiera esta relación en 2017, cuando la revista "Caretas" reveló esta alianza empresarial. 

El Minjus responde

En comunicación con LaMula.pe, el área de prensa del Ministerio de Justicia (Minjus) indicó que hizo la consulta a Foley Hoag LLP sobre los servicios prestados a Brookfield, en EEUU. Según afirmó el Minjus, el estudio negó representar Odebrecht o alguna compañía ligada a la empresa brasileña. 

Además señaló al Minjus que se enteró a través de medios públicos que Brookfield Asset Management compró parte de la participación de Odebrecht Latinvest Peru en Rutas de Lima. Sin embargo, rechazó que Foley Hoag haya ejercido defensa a favor de Brookfield Asset Management o Brookfield Infrastructure Partners.

¿Hay conflicto de intereses?

Para el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu, el ocultamiento de información por parte del estudio de abogados sobre los servicios prestados a Brookfield, podría configurar un presunto conflicto de intereses. "Si se llega a comprobar que este estudio de abogados está ocultando la relación con esta empresa, puede configurar conflicto de intereses. Por lo menos, observo un impedimento ético en este servicio solicitado para la extradición de Toledo", comentó al ser consultado por LaMula.pe.
Otros juristas especializados en el tema consideraron que para existir conflicto de intereses la relación de Foley Hoag LLP debió ser directa con Odebrecht y que esta defensa se haya realizado en el país. "No creo que este caso configure un conflicto de intereses porque el servicio prestado por Foley no fue a favor de Odebrecht, sino a Brookfield y en el extranjero", nos dijijeron al ser consultado al respecto.

(Foto de cabecera: El País)

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