Mientras espera a que se resuelva su pedido de asilo a Uruguay, escondido hace ya dos semanas en la casa del embajador uruguayo en Lima, Alan García debe ahora afrontar una nueva investigación judicial, esta vez por el terminal del Callao.
La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima abrió indagación preliminar al líder aprista por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible en agravio del Estado, porque se sospecha que habría facilitado la concesión del mayor puerto del país, reveló este sábado El Comercio.
Junto a él, otras 21 personas han sido incluidas en la investigación, entre ellas su exministro de Transportes, Enrique Cornejo, tras la denuncia que interpuso por este caso el procurador anticorrupción Amado Enco.
La disposición fiscal señala que los imputados habrían "facilitado" a la empresa APM Terminals la concesión del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao, a través de "instrumentos de gestión, dentro de los cuales se encontraban los decretos de urgencia para viabilizar la concesión [...] y con ello favorecer a la empresa APM Terminals Callao".
La resolución alude a los decretos de urgencia 001-2011 y 002-2011, promulgados el 18 y 21 de enero del 2011, durante el último gobierno de García, que declararon la "necesidad nacional" de 33 proyectos de inversión, entre ellos el del Terminal Norte del Callao. Esos mismos dispositivos fueron declarados inconstitucionales en setiembre de ese año, pero el contrato de concesión se ejecutó.
Así, el 1 de abril del 2011, se otorgó la buena pro del concurso por US$1.900 millones a APM Terminals, pero el contrato firmado el 11 de mayo del mismo año incluyó, dice la fiscalía, "una serie de beneficios sumamente excesivos para la concesionaria [...] al haberse dejado sin efecto la modalidad de iniciativa privada y, por ende, efectuar la concesión a través de un contrato bajo la modalidad de asociación en participación".
Entre esos beneficios, la disposición fiscal menciona la exoneración del pago de 50% de la recuperación adelantada del IGV y las reducciones de los aportes a la Empresa Nacional de Puertos y a la Autoridad Portuaria Nacional. Por ello, en total, el contrato de APM Terminals habría generado un perjuicio al Estado peruano de casi US$250 millones
El abogado del expresidente, Erasmo Reyna, rechazó los cargo y sostuvo que la denuncia "desconoce en absoluto que hay principios de delegación de funciones y competencias". Por su lado, APM Terminals señaló en un comunicado que "no ha recibido ninguna notificación" sobre el caso, pero que colaborará con las todas las investigaciones.
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