El repentino pedido de asilo diplomático a Uruguay del expresidente Alan García se queda sin sustento, porque en la ONU no hay registro de una sola queja o denuncia contra Perú por interferencias en su sistema de justicia o casos de persecución política, como alega el líder aprista para intentar evadir las investigaciones en su contra por colusión agravada y lavado de dinero que le imputa la fiscalía por el caso Odebrecht, como lo advierten diversos sectores políticos y organizaciones civiles.
"Sobre el Perú no hay ninguna comunicación a las Naciones Unidas de la presunta violación de derechos humanos, persecución política o interferencia en la justicia. El gobierno tiene que decirle a Uruguay que no hay persecución, que Alan García está siendo sometido a la justicia y debe negarle el asilo para que pueda comparecer ante los requerimientos judiciales", dijo Diego García Sayán, relator especial sobre la independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas, citado por La República.
El exministro peruano explicó que en los países en los que se cometen atentados contra la independencia de poderes, los organismos defensores de los derechos fundamentales suelen llevar y denunciar esos casos a la ONU, lo que no ha pasado en el caso del Perú. Agregó que este es und dato clave que Uruguay debe tomar en cuenta al evaluar la solicitud de García, luego de que Perú le remita la información del estatus procesal del investigado expresidente.
García Sayán consideró que si el Gobierno uruguayo acepta la solicitud del ex jefe de Estado peruano, "cualquiera que debe afrontar una investigación judicial dirá que es un perseguido, alegará lo mismo que García y tendremos decenas de investigaciones paralizadas y embajadas llenas de personas pidiendo asilo para eludir la acción de la justicia".
El relator de la ONU también refirió que Uruguay está obligado a cooperar con el Perú en la lucha contra la impunidad, según la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción a la que ambos países están adscritos, y que fija medidas muy concretas para enfrentar este flagelo; una de las principales es la obligación de los Estados de cooperar con otros Estados miembros en las investigaciones contra la corrupción.
"En base a esta convención, los Estados están obligados a cooperar y no se trata de un pedido de buena voluntad. Si hay una persona que tiene impedimento de salida del país y un Estado le da asilo está violando el tratado internacional anticorrupción pues ese Estado está obligado a colaborar. No se puede alegar persecución para evadir la justicia".
El Ejecutivo peruano enviará este martes, vía Cancillería, la información oficial que que sustenta ante la Presidencia de Uruguay por qué Alan García no debe recibir asilo diplomático como lo ha solicitado. Además de los argumentos jurídicos y legales, el gobierno de Martín Vizcarra apelará al Compromiso de Lima suscrito el 14 de abril por su homólogo uruguayo Tabaré Vázquez, en el marco de la Cumbre de las Américas que se realizó en Perú. Este punto ya fue tratado por ambos jefes de Estado el domingo en una conversación telefónica, reveló el propio mandatario peruano.
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