Los recientes acontecimientos en el ambiente político obligan a poner especial énfasis en una de las cuatro preguntas que se formularán el próximo 9 de diciembre en el referéndum a nivel nacional propuesto por el presidente Martín Vizcarra, tras el escándalo de corrupción revelados por los 'CNM Audios'.  

Se trata de la pregunta número dos de la consulta popular:  "¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas?". La interrogante ha cobrado relevancia en las últimas semanas luego que se haya solicitado prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y personas vinculadas a su partido por presuntos aportes falsos para su campaña 2011 derivados de dinero ilícito.

En el Congreso, que es dominado por la bancada fujimorista, se aprobó la norma con 92 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el 26 de septiembre. Su aprobación no fue inmediata, sino que se dio por la presión que ejerció el presidente Martín Vizcarra, quien tuvo que plantear la cuestión de confianza por la dilatación que se le dio a sus proyectos para el referéndum en el Parlamento. 

La reforma sobre el financiamiento de organizaciones políticas modifica el artículo 35 de la Constitución, para que quede prohibido hacer contratos millonarios por avisos en radio y televisión, durante las campañas electorales. Asimismo, fija que en el Código Penal se incluya la sanción por el financiamiento ilegal de los partidos políticos, aunque no se ha precisado si la responsabilidad recaería en el candidato, en el tesorero del partido o incluye a dirigentes que tengan poder en las finanzas partidarias. Esos detalles se definirán en las normas de desarrollo constitucional que debe aprobar el Congreso para cada reforma.

Además, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) también tendría que hacer cambios en su reglamento para requerir informes financieros durante las campañas electorales y permitir la colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los organismos electorales cuando se detecten movimientos sospechosos.

La ONPE ya inició el último jueves la impresión de las cédulas de sufragio para el referéndum nacional que se realizará este 9 de diciembre. En total se imprimirán 24 millones 800 mil cédulas de sufragio en un plazo de 12 días, proceso que está programado a culminar el próximo lunes 26 de noviembre. "La ONPE está realizando todos los trabajos a tiempo para poder tener el material en el debido momento para su despliegue", declaró Cristian Sandoval, funcionario de la ONPE, a El Comercio.

Así será presentada la segunda pregunta en la cédula de sufragio del referéndum 2018:

Los cambios que hizo el Congreso  

El texto original que propuso el Ejecutivo sobre este proyecto incluía que todos los aportes debían ser bancarizados; sin embargo, durante el debate en la Comisión de Constitución del Congreso se descartó esa propuesta. También descartaron el dictamen sobre la rendición de cuentas de las agrupaciones durante la campaña. Seguirá haciéndose concluida la misma.

Finalmente, el texto sustitutorio aprobado por la comisión modifica el artículo 35 de la Carta Magna y consigna límites a la difusión de propaganda electoral, financiamiento público y privado, así como las sanciones correspondientes. 

Estos son los párrafos modificados:

"La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de las organizaciones políticas y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos. Solo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto, en la forma prescrita por ley.

El financiamiento de las organizaciones políticas puede ser público y privado no corporativo. Su regulación, control, verificación, fiscalización y sanción se realiza de acuerdo a ley.

Mediante el financiamiento público se promueve la participación y fortalecimiento de las organizaciones políticas bajo criterios de igualdad, proporcionalidad, transparencia y rendición de cuentas, de acuerdo a ley.

El financiamiento ilegal genera sanción administrativa, civil y penal de acuerdo a ley”.

(Foto de cabecera: Gestión)

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