Tras la detención en España del exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, quien se fugó del Perú el 7 de octubre pasado con la complicidad de una funcionaria de Migraciones de Tumbes, el Ministerio Público peruano optó por formalizar este mismo vienes en la noche el proceso de extradición y la prisión preventiva por 36 meses para el destituido magistrado, sindicado de ser el cabecilla de 'Los cuellos blancos del puerto'.
Mientras tanto, Hinostroza será encarcelado en España, tal como que dictaminó el vieres también el juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional española, tras una diligencia que se realizó de manera reservada, y que duró aproximadamente media hora, en la que el magistrado ibérico leyó al exjuez peruano las razones por las que la fiscalía de nuestro país solicitó su detención mediante una orden de búsqueda y captura internacional.
El primer paso para que España inicie la entrega a Hinostroza era la formalización de la investigación preparatoria que realizó el fiscal supremo Pablo Sánchez, quien de inmediato le comunicó su decisión al juez supremo Hugo Núñez, con lo que se comenzó formalmente el proceso judicial contra el exmagistrado, luego de que el Congreso lo destituyó y aprobó su acusación constitucional el 4 de octubre.
A Hinostroza Pariachi se le procesará por organización criminal, patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible, como presunto cabecilla de la organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto'.
Así, la decisión judicial se notificó al fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón, a cargo de la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, quien presentó dos pedidos ante el juez Núñez: prisión preventiva por 36 meses y la solicitud de extradición activa hacia España, porque en este caso el Perú es el país que requiere al detenido.
Fuentes fiscales que cita El Comercio señalaron que esperan a que el juez Núñez fije la fecha para la audiencia en la que se definirá si procede la prisión preventiva para Hinostroza y complementar el cuadernillo de extradición, a fin de que pueda seguir el canal regular y pueda ser enviado a España en el más breve plazo. Y el plazo para hacerlo es de 60 días calendarios como máximo, según el tratado de extradición entre ambos países.
Las autoridades españolas aún deben también resolver el pedido de asilo que pidió Hinostroza en ese país, solicitud que corre por una cuerda separada y en paralelo al proceso de extradición, que podría demorar entre un año y año y medio, según el penalista Mario Amoretti.
El tratado de extradición con España señala que una de las razones por las que procede el requerimiento es cuando "los hechos sancionados, según las leyes de ambas partes, tengan una pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad, cuya duración máxima no sea inferior a un año". Y, por el contrario, no procede cuando "la persona entregada pueda ser juzgada, condenada o sometida a cualquier restricción de su libertad personal por hechos anteriores y distintos a los que hubieren motivado su extradición".
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