Esta semana, el equipo especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato, liderado por el fiscal Hamilton Castro, decidió adecuar el caso del Gasoducto del Sur a la Ley de Crimen Organizado. Así tendrá ocho meses más para investigar a 14 personas bajo sospecho de corrupción, entre ellas el ex director de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, y la ex primera dama  Nadine Heredia.

Barata no ha incluido el Gasoducto del Sur, el proyecto que iba a permitir la masificación del gas de Camisea, en su preacuerdo de colaboración con la justicia, mientras que Odebrecht ha negado cualquier pago de coima para esta concesión. 

Sin embargo, en febrero del año pasado, la Procuraduría Anticorrupción pidió a la fiscalía iniciar una investigación para establecer si hubo colusión entre los privados y los funcionarios para adjudicarse el proyecto, que se entregó en el gobierno de Ollanta Humala, ahora bajo prisión preventiva acusado de recibir US$3 millones de Odebrecht para su campaña electoral.

Lo cierto es que si las sospechas de la procuraduría son ciertas, Barata podría ser juzgado y sentenciado por este caso, sin ningún problema legal y sin recibir ningún beneficio de su colaboración eficaz o de los acuerdos de no incriminación a las que se someterán los fiscales peruanos para su interrogatorio del 27 y 28 de este mes y otros posteriores, informó La República.

Este es otro de los casos en los que el exasesor de Humala Tasso, Martín Belaunde Lossio, se ha ofrecido acogerse como colaborador eficaz, pero sin entregar más pruebas que su palabra. Uno de los aspectos que tomó en cuenta la fiscalía para pedir un mayor plazo de investigación es que todavía no hay fecha para la declaración de Barata sobre un posible soborno para la adjudicación  del Gasoducto Sur Peruano.

Hasta el momento la fiscalía tampoco ha recibido respuesta de sus pares de Brasil para obtener copias de las declaraciones de los exejecutivos de Odebrecht, Rogério Santos de Araujo y Luiz Antonio Mameri, quienes se acogieron a la delación premiada. 

Tal como se puede escuchar en el audio del testimonio que dio Marcelo Odebrecht el pasado9 de noviembre, este afirmó que Mameri y Ricardo Boleira, sucesor de Barata en su cargo en el Perú, estaban al tanto de los detalles de cómo se realizaron las negociaciones para el pago de sobornos y otros aportes a funcionarios y políticos peruanos.

Las  presuntas actividades irregulares que dieron origen a la investigación son la participación de los abogados de los estudios Echecopar y Delmar Ugarte en los informes legales, la aprobación de las bases del concurso sin que estos incluyan un sistema de evaluación para determinar la propuesta técnica más conveniente y la modificación de cláusulas del contrato final que permitieron el cambio del operador calificado.

Los exejecutivos de Odebrecht no serán los únicos interrogados para avanzar en la constatación de las sospechas. La fiscalía programó para los siguientes días las declaraciones de los ex presidente Alan García Pérez y Ollanta Humala. También de los ex ministros de Energía y Minas Eleodoro Mayorga y Jorge Merino Tafur, y del excongresista Teófilo Gamarra

De igual manera, serán interrogados los ex funcionarios de Proinversión que participaron en la licitación del Gasoducto, María Patiño Marca y Luis Sánchez Torino, así como el representante legal de Kuntur Transportadora de Gas, Fernando Vega Sánchez, entre otros.

La adjudicación de la obra, otorgada en concesión por 34 años, se inició en la gestión de Alan García, se firmó en la de Ollanta Humala y se anuló en el actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), pero dejó una serie de dudas y suspicacias sobre sus beneficios y su costo real luego de aplicarse la carta fianza de US$ 262 millones.

(Foto de cabecera: Convoca)

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