Los exdirectivos de las empresas socias de Odebrecht seguirán en prisión preventiva, luego de que la Sala Penal de Apelaciones ratificó el fallo que emitió el juez Richard Concepción Carhuancho a inicios de diciembre, en el marco del proceso por los sobornos que la constructora brasileña pagó para adjudicarse la Interoceánica Sur en el gobierno de Alejandro Toledo, prófugo de la justicia y acusado de recibir una coima de US$20 millones por el referido proyecto.

La sala rechazó el recurso de la defensa del empresario Hernando Graña Acuña, exdirectivo de Graña y Montero, para revertir la prisión preventiva que se dictó en contra de su patrocinado, y ahora se alista para resolver —en el mismo sentido— la situación legal de los exejecutivos de ICCGSA y JJ Camet, José Castillo Dibós y Fernando Camet, respectivamente, socios del consorcio Odebrecht en la Interocéanica.

Estos empresarios están recluidos en el penal de Ancón I, mientras que otro de los implicados, Gonzalo Ferrero, de Graña y Montero, está con arresto domiciliario por su estado de salud. La investigación fiscal en este caso habla de "pacto criminal".

Acá el fallo completo [Documento en PDF]

Rechazan estatuto

De otro lado, este viernes también la Primera Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional se declaró competente para seguir viendo el proceso contra Toledo en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht, tras el debate de sus miembros que evaluaron el Estatuto de la Sala Penal Nacional, aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el cual ha generado un conflicto interno en el Poder Judicial.

Los magistrados sostienen que la referida norma afecta su independencia para delimitar su competencia en casos emblemáticos como Odebrecht, en un pronunciamiento que emitieron los jueces de la Sala Penal Nacional.

"(Esto) pone en riesgo la continuidad e institucionalidad de un subsistema (...) cuya actividad jurisdiccional desarrollada de manera alturada y transparente no registra cuestionamientos, por el contrario (...) se ha reconocido el aporte de este órgano en el incremento de la credibilidad de este poder del Estado".

La Sala Penal Nacional además debe pronunciarse sobre el derecho de gracia otorgado al expresidente Alberto Fujimori en el caso Pativilca, en el sentido si el beneficio que le dio PPK cumple con los requisitos de ley. Expertos coinciden en que no.

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