El fiscal Hamilton Castro, quien está a cargo del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, formalizó y amplió la investigación preparatoria, que es el paso previo de un proceso penal, contra cinco constructoras del país, que fueron socias y consorciadas de Odebrecht.

Los incluidos en esta investigación preparatoria son José Alejandro Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Gonzalo Ferraro Rey, de GyM; Fernando Martín Camet Piccone, director general del grupo JJ Camet Constructores; y José Fernando Castillo Dibós, presidente de ICCGSA.

La fiscalía los acusa de delitos de colusión y lavado de activos para el pago de sobornos junto a Odebrecht en la Interoceánica Sur, proyecto en el que la constructora brasileña admitió haber pagado al menos 20 millones de dólares en coimas.

El informe que elaboró el fiscal Castro —al que tuvo acceso Hildebrandt en sus trece— describe cómo en “CONIRSA”, consorcio que lideró Odebrecht e integraron Graña y Montero, JJC e ICCGSA —las mayores constructoras del Perú— asumieron y encubrieron los sobornos en la Interoceánica Sur, en los tramos 2 y 3, que se pagaron al expresidente Alejandro Toledo, hoy prófugo de la justicia peruana al que se busca extraditar de EEUU.

El documento, la disposición fiscal N° 19, que habla de "un pacto criminal", confirma que Odebrecht entregó al Ministerio Público información clave y   confidencial que implica a sus exconsorciadas en el Perú, para demostrar que no sobornó sola, explica el semanario citado, que relata una reunión que sostuvo en Lima Jorge Barata con los empresarios bajo indagación, a su vuelta de Río de Janeiro, donde había conversado con los emisarios del empresario israelí Josef Maiman, el testaferro de Toledo, en cuyas cuentas se depositaron,  entre el 2006 y 2010, las coimas por la Interoceánica.

"Simoes Barata comunicó a José Alejandro Graña Miró Quesada, José Fernando Castillo Dibós y a Fernando Camet Piccone de sus tratativas con   Alejandro Toledo Manrique para hacerse de la licitación del proyecto   Interoceánica Sur a cambio de un pago ilícito" [...] Barata, Miró Quesada, Castillo y Camet acordaron pagar las comisiones ilícitas a Alejandro Toledo […] De tal manera, las socias asumieron lo que les correspondía en el pago de las coimas, situación que se materializaría en la distribución de las utilidades".

¿Cómo lo hicieron? Según la documentación que entregó Odebrecht, los  socios del consorcio acordaron "por unanimidad", el 1 de junio de 2011, repartirse un dividendo neto acumulado de 94.318.519 soles, pero lo hicieron de forma desproporcional para resarcir a Odebrecht, que para esa fecha ya había terminado de transferir los 20 millones de dólares de las coimas al exsocio de Toledo.

Según la fiscalía, la constructora brasileña recibió de sus socias peruanas  41.499.688 soles (unos 15 millones de dólares), con lo cual la deuda total por el pago de los sobornos quedó saldada. Así, a Graña y Montero le tocó pagar un equivalente de casi 6.3 millones dólares; a JJ Camet unos 5.6 millones de dólares y a ICCGSA unos 3.2 millones de dólares.

Por ello, el fiscal Castro Trigoso concluye: 

"Esto permite plantear razonablemente que los montos cedidos   corresponden a la ‘compensación’ vinculada con los pagos ilícitos efectuados por Odebrecht".

El documento fiscal subraya que estos pagos se concretaron a través de la estructura financiera internacional que tenía Odebrecht, aunque agrega que existía la dificultad para las empresas asociadas de justificar la salida del dinero, por lo que la cesión de utilidades fue la forma de cumplir con los "fines ilícitos".

DATOS

► El procurador del caso Lava Jato, Jorge Ramírez Ramírez, evalúa presentar un escrito al Ministerio Público para comprender en calidad de tercero civil responsable a las investigadas empresas peruanas, señala Hildebrendt en sus trece.

► El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, negó que la inclusión de los exsocios peruanos de Odebrecht en la investigación preparatoria sobre el caso de la Interoceánica sea consecuencia de la denuncia constitucional en su contra impulsada en el Congreso por el fujimorismo, le dijo a El Comercio.

► La investigación a las constructoras socias de Odebrecht en el Perú puede involucrar a más empresas y sus representantes, refiere por su lado La República, que señala que la fiscalía ha dispuesto revisar los contratos de la auditora Pricewaterhouse con los consorcios que construyeron la carretera Interoceánica, por no advertir la anómala cesión de utilidades.

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